En una carta firmada por representantes de 11 países se le pidió al gobierno colombiano proteger los derechos de las víctimas del conflicto armado, especialmente las de desaparición forzada, y de las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica.
El Parlamento Europeo hizo un llamado de urgencia para que el gobierno evite que cientos de cuerpos de personas desparecidas, que estarían enterrados en los predios de Hidroituango, queden bajo el agua una vez se llene el embalse. Según el organismo internacional, en la zona se han logrado exhumar y recuperar 159 cuerpos. Además, precisó que es necesario tomar acciones para evitar que se sigan violando los derechos de las comunidades aledañas que resultaron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica.
La carta del Parlamento Europeo fue enviada el pasado 20 de abril a l presidente Juan Manuel Santos, al procurador general Fernando Carrillo, al fiscal general Néstor Humberto Martínez, al gobernador de Antioquia Luis Pérez y al gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño. Y también, le fue copiada a la vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, y al director general de Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Yves Daccord.
La intención del documento es poner de presente que desde 2012 han seguido la situación actual que viven las comunidades que integran el Movimiento Ríos Vivos Antioquia y a las que presuntamente se les han violado sus derechos durante la construcción de Hidroituango. Según los informes que han llegado a Europa los campesinos han sido víctimas de desalojos forzados, no han recibido una compensación justa, no han sido reubicados, no han tenido acceso a tierras y las obras han ocasionado impactos en la salud y ambiente.
Sin embargo, la principal preocupación es lo que podría suceder con el derecho de las familias víctimas del conflicto armado a encontrar a sus seres queridos desaparecidos. “Expresamos nuestra preocupación especial por la proximidad de la fecha del llenado del embalse programado para el primero de julio de 2018 que significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”.
Y agregaron: “De manera muy especial son de considerar los impactos de la obra sobre la posibilidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que ocasiona esta obra ubicada en una zona con presencia de fosas comunes y cuerpos dispersos que por la violencia han bajado por el río y las comunidades ribereñas han dado sepultura. Sabemos de los esfuerzos de la Fiscalía por recuperar estos cuerpos que ante la insistencia del Movimiento Ríos Vivos Antioquia ha arrojado como resultado la exhumación de 159 cuerpos en el área directamente afectada. Pero también conocemos de testimonios y las cifras oficiales que dan cuenta de la alta probabilidad de que se encuentren allí muchos cuerpos más”.
El Parlamento Europeo también expresó que le llegaron testimonios de pescadores, barequeros y agricultores que dependen del río Cauca que han dicho que no han sido reparados ni indemnizados. Además, que han terminado amenazados, perseguidos y judicializados por sus exigencias al proyecto. También los europeos señalaron en la carta que las ataques las comunidades articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido 151 ataques que siguen en total impunidad.
Por estos hechos el Parlamento Europeo instó al gobierno y demás entidades a garantizar los derechos de las familias de víctimas de desaparición forzada y a que todas las familias afectadas por la construcción de Hidroituango sean reparadas indemnizadas y reubicadas. Es más, solicitaron que se abstuvieran de realizar desalojos forzados que provoquen desplazamientos y que se respete el derecho a la protesta, para así lograr un acuerdo de carácter urgente con el Movimientos Ríos Vivos Antioquia. La carta la firmaron representantes de España, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Italia, Alemania, Francia, Irlanda del Norte y Grecia.