Asamblea rechazó que el gobernador de Antioquia pueda enajenar Savia Salud

La Asamblea de Antioquia declaró infundadas las objeciones presentadas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, contra el proyecto de ordenanza 09, que tal como está planteado, no le otorga la facultad para enajenar la EPS Savia Salud, intención que perseguía el mandatario.

Con 19 votos a favor y cinco en contra, la corporación departamental tomó esta decisión luego de una serie de informes que fueron presentados en comisión conjunta. Los ánimos mayoritarios en la Asamblea, según el diputado Luis Peláez, son que la EPS no se pueda vender hasta que no exista mayor información del acta de socios, o lo que decida en un futuro la banca de inversores.

Por lo pronto, el proyecto contempla el levantamiento del impedimento a Gobernación, Alcaldía y Comfama, socios con una participación en la entidad del 36,65%, 36,65% y 26,7% (respectivamente), para lograr que Savia Salud tenga un porcentaje privado superior al 51%. Es decir, una EPS menos pública.

El objetivo que perseguía el mandatario de los antioqueños era vender la parte que tenía el departamento en la entidad de manera inmediata, sin aprobación de la Asamblea, por lo cual presentó las objeciones al proyecto de ordenanza tal y como está planteado. Incluso manifestó la posibilidad de liquidar Savia Salud si no se agilizaba la aprobación de facultades que solicitaba.

 “Frente a la amenaza que hizo el gobernador de liquidar si no se le permitía enajenar, se le recordó que tampoco puede hacerlo, que solo lo pueden hacer todos los socios por mayoría o la Superintendencia de Salud”, señaló el diputado Peláez.

Agregó que lo que sigue es notificarle lo acordado a Pérez quien deberá sancionar la ordenanza, pues según Peláez contra esta decisión no existe instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia, debido a que la objeción presentada fue por inconveniencia y no por fondo legal o inconstitucional.

“Si no la sanciona, cualquiera de los diputados, de los 26, por medio de una acción de cumplimiento, o un ciudadano con una tutela, puede hacer que lo haga y acate lo dispuesto por la Asamblea”, aseveró Peláez.

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