Un grupo de ocho diputados antioqueños solicitó la renuncia del Contralor departamental, Sergio Zuluaga Peña, por considerar que el funcionario mintió en su hoja de vida para ganar el favor de ser elegido para el cargo.
Los diputados de la Asamblea consideran que Zuluaga Peña incurrió en “faltas graves hacia la buena fe”, lo que ameritaría que el funcionario dejara el cargo para poder elegir a otro en su reemplazo.
“Solicitamos la renuncia del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, en un gesto de respeto con la Asamblea departamental de Antioquia que lo eligió creyendo en su hoja de vida y estudios superiores, que en fallo de la Procuraduría General de la Nación se muestran no ser ciertos. Debido a sus faltas graves hacia la buena fe de los diputados, es que solicitamos su renuncia”, dice la carta.
La petición la encabezaron seis de los siete diputados del Centro Democrático, con excepción de Ana Ligia Mora, que no estampó su firma en la solicitud, la cual no prosperó.
Los ocho firmantes fueron Ana Cristina Moreno, José Luis Noreña, Jorge Honorio Arroyave, Roque Eugenio Arismendy, Jorge Iván Restrepo y Wilson Gómez Arango (del CD); más Luis Peláez, del Polo Democrático, y Manuel Márquez de la Alianza Social Independiente.
El diputado Peláez argumentó que si bien la Asamblea no puede destituir del cargo al Contralor ni tampoco exigir su renuncia, podría hacer la solicitud como un acto político.
“La Asamblea lo nombró a él considerando su hoja de vida, pero en ella él mintió, como lo comprueba la destitución temporal que le impuso la Procuraduría por haber presentado títulos falsos para ser elegido”, señaló Peláez.
También argumentó que el funcionario ha sido protagonista de varios escándalos y es sujeto de varias investigaciones por los organismos de control y de justicia.
El pasado 10 de julio, la Procuraduría General de la República, en fallo de segunda instancia, suspendió a Zuluaga Peña del cargo por diez meses al establecer que este “incurrió en falsedad ideológica al consignar en su hoja que tenía título de doctorado en Derecho Administrativo, cuando realmente no lo ostentaba”.
El pasado 23 de julio, la Procuraduría negó una petición de nulidad de la suspensión, confirmando que esta se mantiene los diez meses, pero la esperanza de los diputados es que Zuluaga Peña renuncie a su cargo en este lapso, toda vez que además tiene otras investigaciones.
Una de ellas cursa en la Fiscalía General de la Nación por el llamado carrusel de las cirugías plásticas en el Hospital La María, donde él se habría practicado varias intervenciones, lo que ha sido considerado como un hecho contrario a su investidura, toda vez que este hospital se maneja con recursos públicos dirigido a personas de estratos bajos.
La Fiscalía también le sigue el expediente en una denuncia penal por falsedad en documento público. Le investiga la adulteración o no de los títulos de grado y posgrados. También le sigue una investigación por el presunto delito de peculado por apropiación, tráfico de influencias y abuso de autoridad por el pago de licencias remuneradas que, presuntamente, fueron disfrutadas por Zuluaga Peña por asistir al foro Onu Hábitat del 22 al 26 de enero de 2016.
A todo lo anterior se suma el último episodio en el que se vio involucrado el Contralor Zuluaga al cercar un espacio del lote del derruido complejo habitacional Space con el argumento de que el lugar amenazaba su seguridad y la de varios vecinos.
Al respecto, el secretario de Gestión Territorial de la Alcaldía, José Nicolás Duque, afirmó este martes 31 de julio que dos profesionales de su dependencia verificaron el cerramiento hecho por el funcionario y para el cual no tuvo licencia.
Explicó que a su despacho le corresponde establecer si hubo alguna actuación ilegal en este caso, pero el expediente debe ser remitido a la inspección del sector, que es la que define el tipo de sanción para imponerle.
Añadió que aunque la cerca, que abarco unos 400 metros del lote de Space, ya fue derribada, la infracción como tal fue cometida por Zuluaga y otros vecinos y el caso no muere, “porque cuando la actitud de algún infractor genera merma del perjuicio, este se mitiga, pero él estuvo incurso en una infracción y puede ser sancionado”, concluyó, recordando que la Alcaldía también es parte del proceso toda vez que también espera que, con la venta del lote, le sean cancelados dineros que se le adeudan por los gastos en que la Administración Municipal incurrió en la atención de la emergencia y en la implosión del resto de torres de Space.