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Así desnudó Hacienda los pecados tributarios de la FLA

En agosto y septiembre de 2016 la Secretaría de Hacienda le advirtió al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) los trueques de aguardiente y ron por servicios se estaban haciendo tan mal, que facilitaban la evasión de impuestos y podían llevar a que la Dian cerrara la licorera.

En diciembre de ese mismo año, tributaristas de Robledo & Asociados hicieron alertas similares al gerente General de la FLA, Iván Correa Calderón.


Esta empresa, que está subordinada a la Secretaría de Hacienda, produce al año 60 millones de botellas. Para estimular el consumo, puede regalar en degustaciones y usar para fines publicitarios hasta el 1% de la producción anual, o sea 600.000 unidades.


En análisis realizados en 2016 por Hacienda, se afirmó que en la FLA “las degustaciones no son facturadas en su totalidad”, violando el Estatuto Tributario. Las que sí facturaban, “se hacen sin el lleno de los requisitos legales que exigen las normas tributarias”, pues no se identificaba a quién se le entregaba la mercancía, “no se especifica el valor unitario ni total de los bienes y no se liquida el valor de la estampilla” a favor de la Universidad de Antioquia.


No facturar o hacerlo sin seguir los requisitos legales, “es un hecho sancionable que incluso puede llevar al cierre del establecimiento de comercio”, en esta caso, la FLA.


Hacienda agregó que “la cuenta de degustaciones y los impuestos asumidos no se registran contablemente a nivel de cada tercero”, lo que da sanción tributaria. De enero al 23 de agosto de 2016 la FLA asumió por este concepto $9.861 millones, “valor que para un control administrativo adecuado debería sumarse a los gastos de publicidad. A la fecha (23 de agosto), el número de botellas entregadas para degustación asciende a 1.359.986 botellas”.


En los eventos patrocinados por los comercializadores, Hacienda detectó que la FLA les entregaba un anticipo y al concluir el evento recibía una cuenta de cobro por la totalidad de los dineros invertidos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero sin discriminar el tributo.


Al decir de Hacienda, cuando el distribuidor no factura ni le cobra el IVA a la licorera, “le estamos facilitando que se pueda descontar estos IVAS en su declaración de IVA y deducir los gastos en su declaración de Renta. Adicionalmente, la FLA y el distribuidor pueden tener problemas fiscales, ya que a través de la información exógena la Dian va a detectar gastos e ingresos respectivamente sin IVA, exponiéndose a procesos de fiscalización”.


En septiembre de 2016, Hacienda le dijo al gobernador que sus alertas debían “ser atendidas en forma inmediata”, porque los incumplimientos podrían terminar en sanciones pecuniarias, penales y disciplinarias.


Trueques con artistas

Los llamados de Hacienda cobijaron el tratamiento que en 2016 el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez le estaba dando a las vinculaciones publicitarias. Este es un trueque: por ejemplo, un artista presta su imagen para vender más licor y la FLA le paga con aguardiente y/o ron, etílico que se retiraba con un simple vale o formato de “Aprobación y control de productos”.


Para Hacienda, esa es una contraprestación de servicios y, como tal, tenía que existir una “facturación por parte de la Gobernación de Antioquia (FLA) y del tercero que realiza la contraprestación. Con esta operación estamos ante un ilícito bastante grave, ya que al no facturar y registrar el gasto a nombre del tercero, el Departamento de Antioquia está posiblemente facilitando la evasión de impuestos”.


Los expertos tributaristas de Robledo & Asociados, contratados por la propia FLA, le hicieron ver al gerente General, Iván Correa Calderón, que “el documento de soporte de esta operación no ha sido emitido por parte del artista. Para el artista es claramente un ingreso, pero es un ingreso que actualmente no tiene trazabilidad fiscal, pudiendo ser objeto de una eventual fiscalización de las autoridades competentes, con sus respectivas consecuencias”.


Adicionalmente, en la contabilidad de la FLA estos negocios se registraban por el costo de producción del licor, “situación que va en contra de la normatividad vigente y perdiendo de vista que lo que implica un ingreso para una parte necesariamente es un gasto o costo para otro”. Para los tributaristas, el artista debía generar una factura, “demostrar su afiliación a la seguridad social y efectuar la retención en la fuente, lo cual debe quedar registrado en la contabilidad para efectos de la información en medios magnéticos de la FLA”.


No es plata, contestó la FLA

“Nosotros hacemos unos vales, pero sin la firma del gerente General no tienen ninguna validez”, le dijo a EL COLOMBIANO Carlos Eduardo Álvarez González, subgerente de Mercadeo y miembro del Comité de Vinculaciones que, el 8 de marzo de 2016, aprobó la entrega de $2.688 millones, en licor, a cambio de diversos servicios.


De esa suma, $824 millones fueron para el cantante Martín Elías (fallecido el 14 de abril de 2017) y $1.043 millones para Pipe Bueno, imagen por un año de la campaña de aguardiente “Pa´las que sea”.


Con $1.043 millones se pueden pagar a 1.336 personas un salario mínimo mensual, comprar 10 taxis o darles techo a 19 familias pobres.


Para el ejecutivo, que por primera vez trabaja en el sector público, eso no es mucha plata, comparada con los impactos de marca en redes sociales. Y frente a los $1,4 billones que planean facturar este año “no es ni el o,oooo1% de una venta. Póngale a eso cinco ceros y no me da”.


Según la Organización Musical Pipe Bueno, para su artista y otros colegas es normal recibir pagos en especie, como las dos motos que Honda le entregó a él por ser su imagen.


La propuesta a la FLA la mandó Roberto Andrade Dirak, como manager de Pipe Bueno, por valor de $1.840 millones. La licorera aprobó $1.043.956.200, pagaderos con 54.174 unidades de licor, incluyendo 23.402 medias de aguardiente y 3.354 garrafas del mismo anisado.


La “tornaguía de movilización y tránsito” se expidió el 17 de marzo de 2016 y, aunque iba para la Organización Pipe Bueno, el origen y destino del licor es uno solo: la FLA. Funcionarios de la licorera le restaron importancia al detalle. Dijeron que como la mercancía circulaba localmente, no tenía problemas con las autoridades que controlan el contrabando de licores. Además, según el subgerente de Mercadeo, la FLA entrega el licor en “el muelle”, el beneficiario lleva el carro y hasta los coteros para cargarlo. Una vez el producto sale de la licorera, la responsabilidad es del tercero. Álvarez González aseguró que eso es como cuando se le vende a un distribuidor: “si se lo roban en la esquina, es problema de él”.


El Intermediario fantasma

El licor que le tocó a Pipe Bueno era tanto, que en una de las órdenes de salida consta que el conductor del furgón, con placas WLX372, retiró 7.177 unidades y “por falta de capacidad de almacenaje” tuvo que acomodar en la cabina del carro cuatro cajas y 27 botellas de aguardiente.


La FLA aseguró que al artista le pagaron con licor y se lo entregaron “en el muelle”.


La Organización Musical Pipe Bueno aseguró que no recibió licor de manera directa. A la pregunta: ¿qué hicieron con el licor que les entregó la FLA en 2016?, afirmaron que pagaron los gastos propios de cualquier compañía, “entre ellos los tributarios de ley. Es importante aclarar que no se recibió licor de manera directa como forma de pago, los recursos se canalizaron a través de comercializadores o distribuidores mayoristas. Tenemos entendido que así opera la costumbre comercial en este tipo de contratos con las empresas de fabricación de bebidas alcohólicas como monopolio rentístico del Estado”.


Esa contradicción sugiere que, de por medio, hubo un tercero que compró ese licor, a un precio que ni la FLA ni el beneficiario revelaron.


César de Jesús Palacio Ruiz
 es la pista para llegar a ese eslabón perdido.


En documentos de la FLA este personaje llega a figurar como “organizador”, un título que corresponde a quien solicita la vinculación publicitaria y da a cambio un servicio.


Ese mismo nombre se repite con frecuencia como la persona autorizada por los beneficiarios de las vinculaciones para retirar de la FLA el licor con el que les pagan sus bienes o servicios.


A Palacio Ruiz se le ve hasta firmando vales como “el suscrito beneficiario del licor de degustación” entregado por la FLA. Así pasa, por ejemplo, con el vale por $160,2 millones, en licor, con que la FLA le pagó a Tomás Cárdenas Vanegas por el “diseño de estrategias de marca, creatividad y piezas publicitarias”.


Su firma la estampó como “el suscrito beneficiario” de los $1.043 millones del vale de Pipe Bueno, organización que al ser consultada por el personaje señaló que “entendemos que el señor Palacio Ruiz es un empleado que fue autorizado para recibir el producto de pago en especie y trasladarlo al comercializador para su posterior venta”.


El subgerente de Mercadeo de la FLA y Diana Marcela Carvajal Bernal, profesional universitario, dijeron no conocer a Palacio Ruiz.


“Yo, Carlos Álvarez, en la vida me han preguntado ni yo le he sugerido a quien se gana una contraprestación, a quién le manda a recoger o a quien se lo vende. No tengo ni idea”, aseguró él.


“No sé, es que son tantos los que reclaman en la bodega”, afirmó ella.


Pero Palacio Ruiz no era “uno de tantos”.


En un correo interno, dirigido a Jeison Durango Duarte, y fechado 25 de julio de 2016, Wver Darío Ruiz Roldán, técnico operativo de Mercadeo y Ventas de la FLA autorizó “la entrega de vales que están a nombre de Trade Marketing al Sr. César de Jesús Palacio Ruiz… el cual se presentará en el vehículo con placas WLX372”.


El licor tenía cinco beneficiarios: “Celebración 180 años Tribunal Superior del Distrito Judicial. III Congreso del Consumo y la Competencia. Celebración 20 años de vida de la Cooperativa de Trabajadores de Betania. Día de la Virgen del Carmen en la Parroquia de Manrique de Medellín. Y el Primer Festival de Trova Éxito de Envigado.


En presencia del subgerente de Mercadeo y de Diana Carvajal, el empleado Edilson Londoño Agudelo reconoció que “César Palacio es la persona que cuando elaboro el vale, llamo al organizador, le pregunto si va a reclamar personalmente y generalmente él autoriza a este señor, que trabaja con un socio de Alima (distribuidor de la FLA)”.


“¿Cuántos socios tiene Alima? ¿40?”, preguntó de inmediato su jefe, quien luego precisó que en Antioquia hay una unión temporal que coordina a los distribuidores de licores y que, además, es muy difícil saber a qué comercializador le llevó el licor la persona que lo recogió en la FLA.


Camilo Gallo
, representante de la Unión Temporal que aglutina a los comercializadores Dispresco, Interlicores y Alima, le reportó a EL COLOMBIANO que César de Jesús Palacio Ruiz no está en la nómina de ninguno de ellos.


¿Quién se lleva esa tajada?

Los recursos de la FLA son dineros públicos, ya sea en botellas o en efectivo. Por ello es apenas obvio que la empresa sepa responder qué pasa con cada peso que dio a cambio de actividades promocionales. El por qué lo ilustra su aporte para las Fiestas de la Papa, en la Unión, Antioquia, realizadas el 2 y 3 de julio de 2016. Por las fechas se trata de un “hecho cumplido”. Es decir, primero dieron el licor y luego hicieron el trámite legal.


El vale, por $35.728.200, está firmado por el subgerente de Mercadeo, Trade Marketing, la jurídica y el gerente General, Iván Correa Calderón. Consistía en 2.589 medias de aguardiente sin azúcar y está fechado 5 de julio de 2016.


La factura de venta se emitió el 21 de julio de 2016. La dirección del cliente no es de la alcaldía, sino de la FLA. La orden de salida del licor está fechada 25 de julio de 2016. Y el hombre autorizado para reclamar la mercancía es César de Jesús Palacio Ruiz.


Más llamativo, aún, es que el alcalde de La Unión, Hugo Botero López, afirmó en un derecho de petición que le respondió al diputado Jorge Alberto Gómez Gallego(hoy representante a la Cámara) que para las Fiestas de la Papa “no se recibió licor alguno representado en botellas ni medias de aguardiente”.


El mandatario aseguró que autorizó a Palacio Ruiz para reclamar la vinculación de la FLA por $20 millones, suma que le pidió consignar en la cuenta corriente que la Alcaldía tenía en el Banco Agrario, identificada con el número 01382001105-7.


En este “pequeño negocio” nadie dice quién se quedó con la diferencia: $15,7 millones