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Sin nada a cambio, la FLA dio “Boni” de 4200 millones

Con $4.200 millones se pueden entregar, gratis, 72 viviendas a familias pobres. De ese tamaño fue la bonificación que el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Iván Correa Calderón, les dio a tres de sus cinco distribuidores en Antioquia, en marzo de 2018. El premio lo concedió cuando las ventas estaban cayendo y a los beneficiarios no les puso ni una sola condición para recibirlo.

A Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, y jefe de Correa Calderón, EL COLOMBIANO le preguntó si sabía de ese hecho; si avaló la millonaria “boni”; si el incentivo respetó la libre competencia que, se supone, existe entre los distribuidores de la FLA, y si sigue su directriz: “los dineros públicos son sagrados”.

Vía WhatsApp, el mandatario respondió: “no tengo conocimiento de estos detalles y minucias de ventas. Le he pedido al Doctor Iván Correa que te conteste todo a satisfacción”.

La bonificación se otorgó el 14 de marzo de 2018, mediante Resolución con radicado S2018060027742. En ella se afirmó que “la FLA tiene como misión generar ingresos al Departamento de Antioquia”.


En los considerandos se mencionó una caída en los bienes de consumo masivo, del 2,8% en todas las canastas, la misma que se calificó como “la más drástica de los últimos 20 años”. Cotejado el dato con Fenalco, un investigador de Estudios Económicos aseguró que “en el 98, 99, 2008 y 2017 también hubo fuerte deterioro”.


El mercado de licores estaba a la baja y en el caso del Aguardiente Antioqueño la reducción era del 10,4% en el acumulado del último año móvil. La solución, según el gerente General de la FLA, estaba en un “plan bloqueo” para el primer semestre de 2018, “en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos comerciales, así como para incrementar la demanda y contrarrestar el crecimiento de la competencia”. El cómo detallado no se dijo. Pero sí el recurso a usar para ello: bonificar con $4.200 millones a los comercializadores tienda a tienda en Antioquia, (TAT) “con el fin de mitigar la caída en el consumo y preservar el mercado más importante en el volumen de ventas de la FLA”. El dinero lo recibirían mediante notas crédito, una especie de cheques, que “podrán ser usadas en los meses posteriores”.


El reparto

Datos, con fuente el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), indican que Dispresco, Alima e Interlicores, los tres distribuidores beneficiados con la “boni”, sumaban $305.971 millones en activos, a septiembre de 2018. Y su ganancia conjunta fue de $36.512 millones, con incremento del 83 % frente al mismo período del 2017.


De la bonificación, a Dispresco le tocaron $1.554 millones. Según el Idea, para noviembre de 2018 la esposa, sus hijas y una cuñada de Mauricio Botero Restrepo eran accionistas de la distribuidora de licor. El empresario, advirtió el Instituto, “puede ejercer influencia directa sobre su familia y sus decisiones en las empresas en las que se tiene participación”. Botero es socio, con Hernán Moreno, del Grupo Furel, una organización de la que Iván Correa Calderón fue su gerente General. A septiembre de 2018, Dispresco tuvo una ganancia neta de $6.847 millones.


La Alianza Mayorista recibió $1.512 millones, una cuantía robusta, sobre todo si se coteja con los $3.443 millones de utilidad neta que este distribuidor contabilizó a septiembre de 2018. En 2017, para esa misma época, se ganó $2.297 millones.


El tercer receptor fue Interlicores, con $1.134 millones. Sus utilidades a septiembre de 2018 fueron de $26.222 millones. Eso duplicó los $10.068 millones ganados a igual fecha de 2017.


Una fuente de la Dirección Financiera de la FLA comentó, bajo reserva, que en la historia de la licorera jamás había visto que se diera una bonificación que no premia un logro en ventas y que luce más como una compensación a los distribuidores por la merma de sus ingresos.


¿La “boni” es legal?

Consultado sobre el tema, el gerente General de la FLA respondió mayormente con monosílabos. La síntesis es que no consultó la bonificación con el gobernador Luis Pérez; este último no se la avaló; siguiendo la misma motivación de esa resolución todos los distribuidores de la FLA han recibido bonificaciones, y como base legal citó el Decreto 2558 de octubre 7 de 2008, expedido por el entonces gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero.


Con esa misma óptica, el contralor General de Antioquia, Rubén Darío Naranjo Henao, aseguró que con fundamento en ese decreto se “evidencia que el gerente general de la Fábrica de Licores de Antioquia tiene la delegación por parte del señor gobernador para implementar planes promocionales dirigidos a comerciantes TAT y grandes supermercados y/o supermayoristas autorizados para comercializar los productos de la FLA en el Departamento de Antioquia, a nivel nacional e internacional”.


Para el funcionario, todas las resoluciones emitidas por los gerentes de la FLA, desde 2008 a la fecha, gozan de la presunción de legalidad y “está bajo los criterios y responsabilidades de cada gerente de la FLA definir e implementar los planes promocionales y estratégicos necesarios para promover e impulsar la venta de los productos de la fábrica”. No obstante, en una actuación especial, que lleva a cabo la Contraloría de Antioquia, se analizará la eficiencia de esas medidas y el impacto en las ventas y patrimonio de la licorera departamental.


A Naranjo Henao se le hizo notar que, de su respuesta, se colige que el gerente de la FLA tiene un poder ilimitado para el manejo de los dineros públicos de la licorera. Inclusive, podría regalarlo, como se infiere de la entrega de $4.200 millones a tres de sus distribuidores, sin ponerles condición alguna. Así mismo, se llamó su atención en que la resolución de Correa Calderón tiene como objetivo frenar la caída de las ventas, pero no se comprometió a Alima, Dispresco e Interlicores con un incremento x o y.

El contralor respondió que “las políticas las traza la administración. En nuestra auditoria especial revisaremos la eficiencia de las medidas tomadas y haremos nuestras recomendaciones. Hay que hacer un estudio serio e incluir estudio de mercado de empresas del sector privado que tengan el mismo objeto”.

La SIC, en escena

Al responder una consulta de EL COLOMBIANO, Juan Pablo Herrera Saavedra, delegado para la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), afirmó que “la Delegatura necesitará de más información a efectos de determinar si la conducta señalada pudiese ser considerada como restrictiva de la libre competencia económica, por lo cual resulta imposible establecer cualquier afirmación al respecto antes de estudiar a profundidad lo que motiva la expedición del acto administrativo de la Gobernación y las características propias de ese mercado”.

Bajo reserva, dos exsuperintendentes de la SIC recomendaron poner las luces en dos hechos: que la bonificación no se haya condicionado a la obtención de logros y un presunto desequilibrio en la competencia entre distribuidores. Esto último, porque la FLA, según consta en su página web, tiene 39 comercializadores: 5 en Antioquia, 22 nacionales y 12 internacionales.

Por su parte, la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, que manifestó no ser competente en la materia, recordó la obligación de la Gobernación de Antioquia de transformar la FLA de una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda a una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Así mismo, manifestó que “entendemos que en el evento de configurarse una presunta irregularidad, se hace necesario dar traslado a la autoridad competente. Razón por la cual, mediante oficios OFI19-00003570, OFI19-00003534, OFI19-00003504, corremos traslado de su comunicación a la Contraloría General de Antioquia, a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia y a la Fiscalía General de la Nación, para que revisen lo relacionado con los gastos que usted enuncia y procedan de acuerdo con lo de su competencia”.

¿Qué ganó el consumidor?

Jorge Alberto Gómez, representante a la Cámara, y Luis Eduardo Peláez, diputado de Antioquia, calificaron de ilegal la bonificación de $4.200 millones otorgada por el gerente de la FLA.

“Los decretos que invoca como sustento para ello no lo facultan en parte alguna para hacerlo. Primero, los planes promocionales deben tener justificación clara y los beneficios obtenidos por los distribuidores con esos planes deben corresponder a metas concretas. Dicho de otro modo, si se otorga un beneficio o una bonificación, este debe producir un beneficio medible para la FLA. La Resolución no fija ninguna meta concreta ni establece que la bonificación será otorgada en la medida que haya un beneficio concreto para el Departamento de Antioquia y sus finanzas”.

Y, segundo, para Gómez y Peláez la resolución se fundamenta en la caída de las ventas de productos de consumo masivo y de aguardiente, registradas por estudios de Nielsen, “pero no apuntan a ofrecer beneficio alguno al consumidor final, ni le fija a los beneficiarios del regalo una exigencia de contraprestación alguna, por lo que se convierte en una decisión que lo único que garantiza efectivamente es un enorme detrimento patrimonial”.

En concepto de ambos corporados, “la decisión puede hacer incurrir al gerente en varios delitos, en detrimento patrimonial para el ente territorial y en falta disciplinaria de carácter gravísimo”.

Y, al final, ¿sirvió la “boni”?

A noviembre de 2018 Alima vendió $112.482 millones, frente a $146.464 millones a igual mes del 2017. Dispresco, pasó de $179.935 millones a $99.504 millones. E Interlicores cayó de $112.240 millones a $71.972 millones.

El Éxito -que no recibió un solo peso de la bonificación que dio el gerente General de la FLA- elevó en ese mismo período sus ventas en estos productos de $46.980 millones a $51.848 millones.