Han pasado 11 meses desde que se anunció la decisión de someter a la EPS Savia Salud a la reorganización institucional para salvarla de la crisis y volverla sostenible, un proceso que quedó a cargo de la multinacional Crowe Horwarth Company, que actúa como banca inversora.
Sin embargo, todavía no se conoce un pronunciamiento oficial que dé cuenta de cuáles de las recomendaciones hechas por la compañía se han implementado.
Varias fuentes coinciden en que los socios (alcaldía de Medellín, con 36, 65 por ciento de acciones, gobernación de Antioquia, con 36,65, y Comfama, con 26,7) renunciaron a los derechos de preferencia para invertir y aumentar su participación, con lo cual entraría un inversionista externo.
De acuerdo con Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), se ha escuchado que hasta el momento hay una EPS y un grupo de inversionistas extranjeros que estarían interesados en participar.
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“Eso requeriría un aval del concejo de Medellín y la asamblea de Antioquia porque se cambiaría la participación accionaria, pero pensamos que por el año político en el que estamos es improbable que concejo y asamblea den aval para que lleguen accionistas de otro lado”, dijo Martínez.
Por su lado, el diputado Luis Eduardo Peláez explicó que otras de las recomendaciones es que tanto el gobierno Departamental como el Nacional aporten para el pago de las deudas correspondientes a servicios no incluidos en el plan básico de salud.
Sobre este tema, no solo para Savia sino también para otras instituciones de salud, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo semanas atrás que le propuso al Gobierno Nacional inyectarle al sistema de salud del departamento al menos 250.000 millones de pesos por ese concepto. Antioquia aportaría 80.000 y el gobierno, al menos 140.000, mientras que los municipios, unos 30.000.
Por el año político en el que estamos es improbable que concejo y asamblea den aval para que lleguen accionistas de otro lado
El diputado agregó que será en marzo cuando se vislumbre alguna noticia clara sobre el futuro de la EPS, que tiene 1,7 millones de afiliados en el departamento, en su mayoría del régimen subsidiado, y que hoy tiene deudas millonarias que deben ser solventadas para seguir adelante.
Martínez recordó que la EPS tiene aún pendiente el cumplimiento de algunos indicadores establecidos por la Superintendencia de Salud, relacionados con permanencia, atención y programas de promoción y prevención, entre otros.
De cualquier forma, la situación de Savia Salud, EPS que no lleva más de cinco años de existencia, sigue con una incertidumbre marcada. A la fecha, su deuda con los hospitales públicos asciende a los 400.000 millones de pesos, siendo la EPS que más les adeuda. Solo al Hospital General de Medellín, con corte a 31 de diciembre de 2018, le debe alrededor de 203.000 millones. Todo, sin contar las deudas con clínicas y hospitales privados, que está en unos 360.000 millones de pesos.
Aunque la EPS informó en días pasados que desde el 17 de enero emprendió varios cambios organizacionales encaminados al crecimiento y el mejoramiento continuo, no entregó detalles de los mismos.
En un comunicado informó que “la nueva estructura permitirá consolidar el trabajo en equipo al interior de la organización y fortalecer la atención a la población pobre y vulnerable del departamento”.
Entre tanto, en varias ocasiones EL TIEMPO indagó en la Superintendencia de Salud sobre el estado de la medida de vigilancia especial a la cual sometió a Savia Salud, pero no obtuvo respuestas.
Por el momento, se sabe que los socios acordaron mantener reuniones constantes para determinar las mejores opciones para la EPS, de modo que pueda superar la crisis y mantener buenos estándares económicos y de atención.