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Esta es la acusación de corrupción contra Luis Pérez y el precandidato Mauricio Tobón

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el precandidato a la gobernación, Mauricio Tobón, fueron objeto de acusaciones de corrupción por parte de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación.

El señalamiento fue revelado por Ariel Ávila, subdirector de la fundación, en su columna de la revista Semana. Según afirma Ávila, tendría evidencia suficiente para probar que tanto Pérez como Tobón habrían usado la sociedad de economía mixta Valor + para beneficiar a privados aliados de la administración gubernamental.

El entramado argumentado por Ávila comenzaría en 2015, cuando el gobernador Pérez nombró a Tobón como director del Instituto Nacional para el Desarrollo de Antioquia (Idea).

Bajo la administración del actual precandidato se creó Valor + y, según la columna, asumió como gerente de esta sociedad un exfuncionario del Idea: Esteban Tobón Urrea, quien hasta entonces se desempeñaba como subgerente financiero del Idea.

La columna también asegura que la junta directiva de Valor + estaría compuesta por familiares y personas cercanas a Pérez y a Mauricio Tobón. Entre estos, está el concuñado de este último, Santiago Solís, quien figuraría como el “principal” en la Asamblea de Accionistas.

En conversación con EL COLOMBIANO, el precandidato Mauricio Tobón calificó como “calumnias” las afirmaciones de la columna.

Puntualmente, afirmó que su concuñado: “no es accionista de esa empresa. La empresa es del Idea y del fondo de empleados de la Idea”. Agregó que el cargo de Solís es el de miembro “de la junta de esa sociedad”.

Además, Tobón afirmó: “No tengo contratistas aliados, es una campaña politiquera que usa como fuente a mis contradictores políticos que están compitiendo por la gobernación de Antioquia”.

El precandidato afirmó que evaluará con sus abogados las acciones legales que tomará contra Ariel Ávila.

¿Contratos irregulares?

Las acusaciones de Ávila están principalmente enfocadas en las contrataciones suscritas por Valor +. Según Ávila, la empresa, pese a su condición como compañía mixta, se habría saltado los procesos de contratación pública.

Además, la investigación hace señalamientos contra los presuntos receptores de varios de estos contratos, como la empresa Furel S. A., cuyo representante legal, Hernán Moreno, fue capturado por la Fiscalía por un presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos por obras no ejecutadas en Armenia.

Así mismo, la columna menciona varios contratos con empresas sin domicilio. Una de ellas, según el diputado del Polo Democrático, Luis Peláez, sería el grupo empresarial MSL, con quien Valor + habría suscrito un contrato de 548 millones de pesos.