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Ni la FLA sabe dónde le hicieron sus sellos antifraude

Iván Correa Calderón, gerente General de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), mintió, no una, sino dos veces, con respecto a los sellos antifraude, que llevan hoy las botellas de aguardiente de la empresa departamental, y por los que pagó $7.000 millones.

En noviembre de 2018, en respuesta a los informes de investigación publicados por EL COLOMBIANO, el funcionario afirmó que los sellos de seguridad fueron elaborados en Suecia, con la misma tecnología del billete de US$100.

A instancias de este diario, la Contraloría General de Antioquia (CGA) le preguntó de manera oficial a Correa Calderón si podía certificar el origen sueco de tales sellos y su respuesta fue que NO.

Lo insólito, y grave para el manejo de los dineros estatales, es que ahora el gerente de la licorera departamental sostiene que tampoco es importante determinar en dónde se fabricaron esas etiquetas, cuyo propósito es darles a los consumidores una prueba de la legalidad de la bebida alcohólica que adquieren.

Para entender el tema es necesario recordar cómo se hizo el negocio.

La FLA, en lugar de comprarle directamente a un presunto fabricante sueco los sellos antifraude, usó como primer intermediario a la Imprenta Nacional de Colombia. Para evitarse un proceso licitatorio, el 3 de agosto de 2017 firmó con dicha entidad un convenio interadministrativo, por $7.000 millones, para que le suministraran 25 millones de etiquetas de seguridad, con lo último en tecnología.

La Imprenta Nacional no tenía ni la experiencia ni los equipos para producir estas etiquetas. Lo único que tenía es una carta, en la que el fabricante sueco, Rolling Optics, la autorizaba para comercializar sus productos.

La Imprenta tampoco contactó directamente a Rolling Optics.

Para proveerle a la FLA los sellos antifraude, la compañía industrial y comercial del Estado contrató, a dedo, a Accesos Holográficos Sucursal Colombia, el 31 de agosto de 2017, y le pagó $6.212.266.500. Eso quiere decir que, por poner su nombre, la Imprenta se ganó más de $787 millones, suma que vista de otra manera podría configurar un extracosto.

El asunto es que los protagonistas no terminan allí. Extraoficialmente, EL COLOMBIANO estableció que el proveedor final de los sellos antifraude sería Global Specialized Services S.A.S. Su representante legal es Mathías Detjen, quien desde el 12 de diciembre de 2018 no ha respondido una sola de las preguntas que le ha formulado este diario.

Todos los actores de esta trama se conocen.

De hecho, todos se reunieron el 9 de mayo de 2018 en la Fábrica de Licores de Antioquia, para resolver los problemas de calidad que se estaban presentando con los sellos de seguridad.

El encuentro lo presidió el gerente General, Iván Correa Calderón, quien estuvo acompañado de Juan Francisco Acevedo Medina, subgerente de producción de la FLA; Henry Vásquez Vásquez, supervisor del millonario contrato; Diego Andrés Velásquez Álvarez, director de Apoyo Legal, y Natalia Ruiz Lozano, líder gestora de contratación.

Los otros asistentes fueron Jaime O. Neira de la Torre, por entonces gerente de la Imprenta Nacional y actualmente investigado por presuntos actos de corrupción en contratación; Juan Carlos Sánchez, representante de Accesos Holográficos que, en el acta de la reunión, figura como “asesor” de la Imprenta Nacional de Colombia; y Mathías Detjen, quien estuvo ahí en calidad de “representante fabricante identificadores de seguridad con tecnología lenticular”, o sea de Rolling Optics.

El acta de ese concilio, que reposa en los documentos públicos del desarrollo del contrato, confirma de paso que el gerente General de la licorera, Iván Correa Calderón, mintió en el comunicado que expidió el 17 de diciembre de 2018, en reacción a una investigación periodística que EL COLOMBIANO publicó ese mismo día.

En el tercer punto del comunicado, el funcionario afirmó que “la Fábrica de Licores de Antioquia contrató con la Imprenta Nacional de Colombia y no tuvo ninguna participación, ni contacto, con los proveedores de la Imprenta”.

Las contradictorias declaraciones del gerente de la licorera hicieron más denso el halo misterioso que envuelve la realidad de un contrato estatal, del que ni la propia Contraloría General de Antioquia ha podido despejar dos asuntos centrales: ¿dónde hicieron los sellos y a qué costo?

“No le consta”

El 9 de julio de 2019, EL COLOMBIANO le preguntó por derecho de petición a Iván Correa Calderón si la Contraloría General de Antioquia le había solicitado a él y/o a otros funcionarios de la licorera los registros de importación de los sellos antifraude que, según sus propias declaraciones, fueron elaborados en Suecia por Rolling Optics.

“No”. Así de escueta fue la respuesta del gerente de la FLA.

En el mismo cuestionario se le preguntó si ¿usted y/o funcionarios de la FLA le entregaron a la CGA copia de esos registros de importación de los sellos antifraude?

“No”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, la CGA tiene una versión diferente a la de Correa Calderón.

A Diana Carolina Torres García, contralora Auxiliar de la CGA, este diario le preguntó si Henry Vásquez, supervisor de la FLA del contrato de los sellos antifraude, le certificó a la Contraloría el origen sueco de tales sellos o simplemente el ente de control no le formuló esa pregunta al funcionario.

La razón de esta inquietud, es que en reciente auditoría del ente de control fiscal (junio de 2019) no se hizo mención al origen de los sellos ni a los costos del producto importado, con lo cual, se le advirtió a la CGA, era prácticamente imposible saber si se pagó mucho o poco por unas etiquetas que, como lo documentó EL COLOMBIANO, se despegaban con gran facilidad de las tapas de aguardiente.

La contralora auxiliar dijo que al propio gerente General de la FLA, Iván Correa Calderón, la CGA le preguntó el 27 de diciembre de 2018: “informar si el supervisor podía certificar el origen sueco de los sellos antifraude, y además remitir copia de los respectivos registros de importación”.

Correa Calderón respondió el 11 de enero de 2019, mediante un oficio con radicado 2019200000132. Allí afirmó que “consultando con el supervisor, este advierte que no le consta y por ende no lo puede certificar”.

Con respecto a los registros, el gerente de la FLA le aseguró al ente de control que “la entidad no recibió registros de importación. Lo anterior considerando que el contrato interadministrativo que celebró la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia con la Imprenta Nacional, exigía el suministro de los identificadores de seguridad -con unas calidades determinadas- en las instalaciones de la entidad, siendo indiferente el lugar de origen de los mismos”.

Este criterio del gerente General de la FLA es contrario a lo que, él mismo, sostuvo en un comunicado que firmó el 17 de diciembre de 2018, en el sentido de que el contrato suscrito con la Imprenta Nacional buscaba “proteger la salud y la vida de los consumidores de los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia y luchar contra el licor adulterado”.

La Contraloría le aceptó esa tesis a la FLA, de que es indiferente el lugar de origen de los sellos antifraude.

Al verificar las condiciones del convenio interadministrativo que la licorera firmó con la Imprenta Nacional para el suministro de los sellos antifraude, los auditores de la CGA establecieron que ni en la oferta técnica, ni en los estudios previos, ni en la minuta del contrato, “se hace referencia a la procedencia de los sellos ni a la obligación por parte de la entidad contratista de presentar documentos que respalden el origen de los mismos, pues tanto en la oferta como en los estudios previos la exigencia sobre los sellos se circunscribe a las características técnicas que garanticen la seguridad de los mismos, sin mencionar en parte alguna su origen”.

La CGA podía haber tomado esa falencia del contrato como un hecho que ameritaba una indagación más a fondo.

Pero la opción de la Contraloría fue renunciar a investigar el costo de cada sello importado. El argumento de la contralora Auxiliar es que “al no identificarse el componente “costos de importación” como un ítem dentro del convenio, no sería cuantificable para el cálculo de un presunto detrimento y por tanto no es competencia de parte de la Contraloría General de Antioquia investigar ese tema”.

EL COLOMBIANO le insistió a la Contraloría, por escrito, sobre la importancia de tener acceso a los registros de importación, un documento público que ninguno de los participantes en este negocio ha querido facilitar hasta el momento. (Ver Momentos claves). La CGA optó por dejar el asunto en manos de la Contraloría General de la República, la cual, en su concepto, es la competente para investigar si la Imprenta Nacional de Colombia pudo eventualmente incurrir en una irregularidad por la calidad de los sellos y la no certificación de la importación de los mismos.

Ante la insistencia de EL COLOMBIANO, la CGA contactó a Accesos Holográficos Sucursal Colombia, o sea la empresa que la Imprenta Nacional de Colombia contrató para suministrarle los sellos antifraude a la FLA. Juan Carlos Sánchez Sánchez, su representante legal, le dijo a la Contraloría “que por cuestiones de seguridad y protección de la información no puede dar a conocer los registros de importación”.

Sin embargo, el hombre de negocios expresó, por escrito, que “los identificadores de seguridad utilizados actualmente por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia dentro de su programa de protección de marca contra la falsificación del Aguardiente Antioqueño, son elementos de seguridad basados en tecnología lenticular, registrada y protegida bajo patente WIPO N° WO2014/070079 A1 cuyo origen es Suecia y contamos con todos los soportes legales para demostrar su origen y correcta nacionalización en Colombia, a autoridad competente dentro de cualquier proceso formal”.