El diputado Luis Peláez y los concejales Alfredo Ramos y Daniel Duque, los tres de sectores políticos distintos, lideraron las denuncias contra la alcaldía de Daniel Quintero.
En los cuatro años de la alcaldía de Daniel Quintero se dio un fenómeno pocas veces visto: se armó espontáneamente una triada de concejales y diputados que le sacaron todo el año los trapos al sol al alcalde. Lo curioso de estos tres mosqueteros es que van de un extremo al otro del espectro ideológico: por la izquierda está el diputado Luis Peláez, antes del Polo hoy de Dignidad y Compromiso; por el centro está el concejal Daniel Duque, del Partido Verde, y por la centro derecha, Alfredo Ramos, del Centro Democrático.
Estas diferencias ideológicas pueden ser artificiales porque lo que parece moverlos es una profunda convicción de que deben defender lo público y dar una pelea a fondo contra lo que huela a corrupción. Luego de cuatro años de dar una batalla histórica, en EL COLOMBIANO los juntamos para que cuenten detalles de lo que fue esa epopeya.
Les hemos oído decir a ustedes que Daniel Quintero se robó la ciudad ¿Lo han dicho así?
Duque: “Más que decir que Quintero se robó a la ciudad hemos demostrado que el programa para atender a la salud mental de los jóvenes de los colegios se deterioró por completo. Hemos evidenciado cómo Buen Comienzo, con el doble de los recursos, tuvo menos niños atendidos, menos días de atención efectiva y además que se contrató a una empresa bastante cuestionable a la que la Fiscalía ya imputó. Hemos dicho que es evidente el deterioro de la ciudad y cómo cayó la calidad de vida de sus habitantes, a pesar de que Medellín tuvo muchísima más plata que antes. Y también es evidente que el modo de vida de Daniel Quintero y su círculo cercano se mejoró de una manera impresionante, que tienen casas de miles de millones de pesos, que tienen fortunas que no pueden explicar, que se fueron a vivir a otros países. No somos Daniel, Alfredo o Luis Peláez, sino la ciudad la que dice que fue un gran robo”.
Diputado Peláez, ¿usted de qué manera lo ha dicho?
Peláez: “Lo hemos afirmado con contundencia, no solo hubo irregularidades sino que en materia de contratación hubo corrupción y lo podemos decir tan tranquilos porque interpusimos 17 denuncias y, por una de ellas, el exalcalde me citó a conciliación en la Fiscalía que porque yo le había dicho corrupto, pero él no fue y la investigación fue archivada”.
¿Quintero lo denunció para que se retractara de llamarlo corrupto pero no llegó ante el juez?
Peláez: “Así es. Y se archivó la investigación, eso quiere decir que los hechos los puedo decir abiertamente. Yo he dicho que más que el robo a Medellín la pregunta es ¿en dónde está la plata? Los entes de control se desaparecieron mágicamente durante más de cuatro años, los locales y los nacionales. Aquí no apareció absolutamente nadie”.
La Procuraduría le metió un poquito el diente…
Peláez: “En algunos temas pero en otros que denunciamos, como el caso de las coimas de Ruta N, donde hay dos testigos que tuvieron que salir del país porque los amenazaron de muerte, no. Estas personas se ganaron un concurso y luego un funcionario de Ruta N les cobró $25 millones y cuando lo denunciaron, nadie investigó y lo que hicieron fue buscarlos en la casa”.
¿Hay gente que dirá que $25 millones no es tanto pero la pregunta es si esto era continuado y se convierte en una especie de extorsión a los contratistas de miles de millones de pesos?
Peláez: “Eran continuados, no solo contratistas de Ruta N sino en las diferentes secretarías. Aquí hicieron como una startup de corrupción: usted ingresa, paga por la entidad y recibe un dividendo”.
¿Cree usted que fue diseñado?
Peláez: “Muy diseñado. No pensaron en la ciudad, no pensaron en la gente, no pensaron en los niños y la pregunta que se debe hacer es: ¿dónde está la plata? Tanta plata, ¿dónde está?”.
¿En cuatro años el presupuesto fue de $32 billones?
Ramos: “Fueron $8,7 billones anuales más o menos, unos $32 billones. Pero eso era solo Medellín, porque está EPM que tiene más o menos al año unos $4 o $5 billones para compras o inversión, es decir, serían 20 billones más sin contar las filiales de EPM. Afinia, ejemplo, está invirtiendo $10 billones en ocho años. La Alcaldía tiene un conglomerado supremamente grande, en activos son casi $80 billones, y las inversiones al año son por encima de $15 billones y con eso puede haber muchísima corrupción”.
Concejal Ramos, lo hemos escuchado un poco más fuerte en las declaraciones sobre Quintero…
Ramos: “Sin duda, yo creo que hay un saqueo a Medellín, no un robo, un saqueo, y es Daniel Quintero y un entorno muy cercano a él, con su esposa Diana Osorio, con su hermano Miguel Quintero con algunos secretarios como Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y la prima Laura Upegui, y el resto son instrumentalizados y les dan como algún conflicto pues la plata grande se la llevaron unos pocos que tienen hoy el control de la contratación. Una persona como Jorge Andrés Carrillo nunca en la vida hubiera llegado a ser gerente de EPM en condiciones normales. Está jugando un papel de dirigir toda la contratación de EPM con Jhonatan Villada, que fue secretario general de la Alcaldía y luego pasó a vicepresidente jurídico de EPM; con Wilder Echavarria, que fue el gerente de la EDU y pasó a vicepresidente de proyectos, entonces van pasando de entidad en entidad y van dejando ese rastro de corrupción en cada una de ellas y uno empieza a ver muchas conexiones entre algunos contratistas que empiezan a pasar de entidad en entidad cuando van llegando estos personajes”.
Habla de un modus operandi del supuesto saqueo. ¿Cómo es?
Ramos: “Hay varias maneras pero la principal es que al principio hubo una venta de franquicias o sea, a algunas personas o algunos contratistas del Estado les dijeron: ‘denme plata por entidades’, entonces, por ejemplo, el Hospital General que hemos denunciado tanto, eso lo pagó la familia Villegas, pagó una plata y hace lo que quiera con la contratación, y con otra parte se quedó Quintero y algunos de sus cercanos”.
Pero, por ejemplo, lo de la familia Villegas ¿está probado que se vendió? ¿Qué indicio tiene?
Ramos: “Yo tengo un poco más de información y no la he querido publicar toda, pero lo que hay claridad es que esta es una familia muy poderosa que ha tenido negocios con la salud, por ejemplo, tienen el Hospital La María, el Hospital Concejo de Medellín, tuvieron un hospital del Bajo Cauca. Tienen muchos cuestionamientos y esa ha sido siempre su forma de operar: patrocinan políticos…”.
Cuando dice que venden franquicias es como si Daniel Quintero alcalde o alguien a nombre de él, supuestamente se sienta con un señor Villegas, el señor le dice yo le doy una plata y usted me entrega qué…
Ramos: “Me entrega el hospital y yo pongo el gerente y hago los contratos que me vengan en gana. Ahí no hay mucha plata de la alcaldía, es plata básicamente del sistema de salud, entonces son entidades a las que las EPS les pagan y van teniendo una contratación jugosa. El Hospital General, por ejemplo, tiene al año más de $300.000 millones de ingresos”.
¿Ese modus operandi tiene que ver con que recién llegó la nueva alcaldía cambiaron a los contratistas de alimentación que llevaban 40 años en el Hospital, según dicen haciendo bien la tarea. Y en los últimos dos años han arreciado quejas por mal servicio?
Ramos: “Más que defender a un contratista u otro porque en últimas puede ganar cualquiera, uno diría es: si lo han hecho bien ¿por qué no los invitan a competir? Ni siquiera los invitaban.
¿Es parte del modus operandi?
Ramos: “Tal cual. El gerente del hospital escogía a tres firmas a las cuales invitaba a competir por el contrato, y terminaba presentándose una porque a la otra la descalificaban, ¡imagínese eso! Las invitaban y las descalificaban porque no cumplía y la otra ni siquiera entregaba”.
¿Sucedía en más entidades?
Ramos: “Ese es el sistema de franquicias de algunas entidades que ‘vendieron’, pero hay otras que se quedaban para ellos y uno ve fichas claves y cercanos todos a Miguel Quintero”.