Tomado de: https://www.elcolombiano.com/antioquia/impuesto-de-seguridad-gobernacion-antioquia-energia-cuenta-de-servicios-IN25826284
El controvertido impuesto de seguridad que la Gobernación de Antioquia quiere cobrar vía servicios públicos no está muerto. Por segunda vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acudirá a la Asamblea buscando tener luz verde para recaudar $1,2 billones en los próximos tres años e inyectarlos en su plan de seguridad.
Pese a que en julio pasado esa misma iniciativa ya se había hundido en una caldeada discusión en la Asamblea, Rendón regresó a la carga, argumentando que reunir esos recursos es crucial para la lucha contra el crimen y zanjar múltiples rezagos de infraestructura y equipamiento que tiene la Fuerza Pública en el departamento.
El impuesto, que ya se ha ensayado en otros departamentos como Valle y Atlántico –en este último objeto de una fuerte polémica–, consistirá en un tasa que se adicionará al cobro del servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como los clientes comerciales, industriales y oficiales.
Si bien hasta el cierre de esta edición el texto completo del proyecto de ordenanza aún no aparecía radicado en el portal web de la Asamblea, la discusión del proyecto ya empieza a calentar motores.
Las claves del proyecto
En una presentación realizada este viernes, Rendón explicó las razones generales que motivaron el proyecto.
A nivel general, la iniciativa sigue conservando los principios de la presentada en julio pasado, que consiste en aprovechar una herramienta que la ley de seguridad ciudadana habilitó para los entes territoriales para gravar servicios públicos domiciliarios.
En medio de la estrechez financiera que afronta la Gobernación, que como cualquier ente territorial no tiene potestad para efectuar cambios en la forma en la que se recaudan los impuestos (como sí lo hace el Gobierno Nacional), la tasa aparece como una nueva fuente de ingresos.
Antioquia
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Aunque la filigrana de la fórmula está en el texto del proyecto de ordenanza que todavía no se ha publicado, Rendón aseguró que en promedio para un hogar de estrato 4, la tasa podría traducirse en un incremento adicional entre $9.000 y $15.000. El cobro, añadió el gobernador, no tocará a los estratos 1, 2 y 3, que equivalen al 85% de los clientes residenciales, y se estimaría que entre 2025 y 2027 podrían recaudarse hasta $1,2 billones.
¿A donde va la plata?
El primero consiste en una inversión en tecnología, con la que se busca instalar cerca de 5.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del departamento, por un valor cercano a los $225.000 millones.
Esta acción —que en primera instancia serviría para crear una autopista para los datos de las cámaras de seguridad, pero que se espera también tenga muchos más usos— se complementaría con la compra de cámaras de última generación, que en total implicaría una inversión de $510.000 millones.
Un segundo frente de inversión consiste en la dotación de camionetas, motos, radios y drones para el Ejército y la Policía por cerca de $114.000 millones; y el tercer frente en invertir en mejoramientos de infraestructura en los comandos, estaciones, batallones y demás instalaciones de la Policía y el Ejército, por un valor de $42.000 millones.
En cuarto lugar se proyecta la construcción de una cárcel departamental para sindicados, que buscará sobre todo descongestionar las estaciones de Policía en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste —el Valle de Aburrá espera la construcción de la cárcel de San Cristóbal—; y en quinto lugar se propone un proyecto para restauración de placas polideportivas, buscando que estas no sean lugares para el expendio de drogas iguales y otros delitos.
Las cuentas políticas
Más allá de esta justificación, uno de los frentes más problemáticos para la iniciativa se remonta a julio pasado, cuando la Gobernación decidió retirarla de la Asamblea cuando un diputado del movimiento Creemos, el mismo del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, redactó una ponencia negativa no solo sosteniendo que la misma no había sido ampliamente debatida, sino cuestionando sus razones de fondo. “Ha habido muy poca socialización con los diputados, gremios empresariales y ciudadanía en general sobre este proyecto de ordenanza”, expresó Juan Felipe Vélez en su ponencia.
Nicolás Posada, presidente del Comité Intergremial, sostuvo que pese a lo ocurrido en julio, desde el sector privado siguen encontrando reparos en el impuesto, señalando que los empresarios ya están al límite con las cargas impositivas que sigue incrementando la Nación.
Además de cuestionar nuevamente el proceso de socialización, señalando que dicho gremio no conoce todavía el proyecto de ordenanza, Posada consideró problemático que, aunque la gobernación plantea que el impuesto tendría un periodo inicial de tres años, no hay garantías de que el gravamen sea extendido por gobiernos siguientes.
“El sector empresarial antioqueño no aguanta un impuesto más”, dijo. “Somos consistentes de la dificultades en materia de seguridad que atraviesa Antioquia y Colombia, por lo cual se debe hacer una firme exigencia al Gobierno Nacional para que cumpla con su obligación de salvaguardar los derechos de todos los colombianos”, añadió Posada.
“El gobernador dice criticar a Petro por sus impuestos y él quiere ahogar más a la clase media y trabajadora de Antioquía con más impuestos e incrementando el valor de los servicios públicos”, expresó ayer por su parte el diputado opositor Luis Peláez, señalando estar a la espera de la radicación del proyecto.
Al ser interrogado por lo ocurrido en julio, el gobernador Rendón sostuvo ver mejores perspectivas en este segundo intento y aseguró que se han incrementado las labores de socialización tanto con la ciudadanía en general, como con los empresarios. “Cometimos un error, que no fue socializar debidamente en su momento este proyecto de ordenanza. Hoy hemos hablado con distintos actores y tenemos mucha fe en que el proyecto tenga un curso muy diferente y que pueda ser aprobado antes de terminar el año”, dijo Rendón.