Tomado de: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-dilema-de-rendon-entre-opositor-a-petro-o-pacificador-de-antioquia/
Desde Necoclí, con el mar de Urabá de fondo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo esta semana que “ante el faltante pie de fuerza, claman (la gente y las autoridades) por más cámaras de seguridad, una cárcel departamental y acompañamiento para combatir la violencia intrafamiliar”.
La declaración la dio tras un consejo de seguridad en la región. Días antes, ante la prensa en Medellín, confirmó que buscaría de nuevo en la Asamblea la aprobación de un impuesto a la seguridad que ya ha generado tensiones en la coalición de gobierno y en el sector productivo. Busca recoger $1,2 billones, en tres años, para invertirlos en lo que dicen necesitar en Urabá: cámaras, dotación policial, mejora de estaciones y una cárcel regional.
El paquete alimenta una de las principales promesas de Rendón, el primer gobernador del Centro Democrático en Antioquia: devolver la seguridad. Pero las medidas, según expertos, son insuficientes ante el fortalecimiento en la región de las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Mucho más sin una cooperación fluida con la Policía y las Fuerzas Militares, al mando del gobierno Petro, y que, según la Gobernación, han sido poco colaboradoras.
Esa distancia llega a la par de la dura oposición que le hace Rendón al gobierno Petro, lo que le ha dado réditos políticos y visibilidad nacional, a costa de la ayuda de Bogotá. El escenario retrata el choque de banderas de un gobernador que sacrifica parcialmente la seguridad por darle aire a su perfil de opositor.
En Antioquia, silenciosamente, crece el Clan
Aunque el departamento no acapara las noticias por sus turbulencias en seguridad, son varias las alertas por el crecimiento de este grupo armado. Según un informe de la red Cómo Vamos en Antioquia y datos de la Fundación Pares, el Clan ha logrado un control del 52% en el departamento, con corte a septiembre de este año (5% más que el año pasado).
Ahora no solo tiene presencia en Urabá y Bajo Cauca, sino en 66 de 125 los municipios. La presencia del grupo criminal más poderoso del país también llega al Norte, Nordeste, Occidente, Magdalena Medio y Oriente de Antioquia. La avanzada por esta última subregión, la más urbanizada del departamento, la advierten Germán Valencia y Max Yuri Gil en este artículo de Razón Pública.
Los expertos dicen que hoy el Clan busca expandir sus tentáculos hacia la segunda zona más urbanizada del país, los valles de San Nicolás (en el Oriente) y de Aburrá (la región metropolitana que integra Medellín). “Se presentan como un territorio para explotar rentas cada vez mayores y con menos riesgo que el tráfico internacional de estupefacientes”, sostienen Valencia y Gil.
Pero el interés del Clan de acercarse a Medellín no riñe con su pelea por el poder en corredores claves para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Ocurre en Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Magdalena Medio, donde también tienen presencia el ELN (con un control del 26% en la región) y las disidencias Farc (con 15%). En esas zonas los homicidios se han disparado y, además, se han registrado ataques a la Fuerza Pública como el ocurrido en Anorí. Allí, cerrando octubre, un helicóptero Black Hawk fue atacado cuando transportaba a 24 policías en octubre pasado.
La instantánea es paralela a los intentos de negociación que adelanta el gobierno Petro con los tres grupos, de los que Rendón se ha convertido en un duro crítico. “Ni con el Clan, ni con las disidencias, ni con bandidos de ninguna pelambre hay cosa alguna que conversar”, reiteró el uribista días atrás ante la invitación de la delegación del gobierno a la incipiente mesa de diálogo con el Clan.
Para el diputado opositor de Dignidad y Compromiso, Luis Peláez, esta postura del gobernador responde a una apuesta por el relato que ejecuta en dos vías: “Cuando el Ejército captura a alguien, dice que fue gracias a él. Pero cuando alguien muere en combate, dice que es culpa de Petro. La seguridad está al garete en el departamento”.
La lectura la matiza el diputado liberal de coalición, Jonathan Roldán, para quien Rendón hace lo que puede en medio de la política de paz total del gobierno. “El gobernador, pese a tener una competencia muy limitada (la línea la da el Ministerio de Defensa, a cargo de Iván Velásquez), ha tratado de estar al frente del reto de la seguridad con creatividad y con ambición”, sostiene el diputado.
La creatividad de Rendón ante la inseguridad
El general retirado Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Rendón, insiste en los retos de seguridad en su departamento y asegura que ha encontrado poco apoyo en el gobierno Petro. “Los alertamos, pero hay oídos sordos. Hemos hecho documentos para el MinDefensa y el director de la Policía pidiendo ayuda para el Norte, Nordeste y Bajo Cauca, pero la respuesta ha sido tímida”, sostiene. El ministerio, pese a ser consultado para esta historia, no dio respuesta sobre sus labores en Antioquia.
Ante la timidez que alega Martínez, el gobierno de Rendón ha apostado por un paquete interno que combina escuadrones policiales, recompensas, operativos contra el microtráfico, consejos de seguridad regionales y frentes de seguridad. De estos se han reactivado 500, pese a las críticas por la posible reedición de las Convivir, que nacieron de una figura similar aprobada en la presidencia de César Gaviria y que luego ganaron espacio en la gobernación de Álvaro Uribe —el mentor de Rendón—.
“Desde la Gobernación los fortalecemos con medios, radios de comunicación, teléfonos y botones de pánico. Pero es la Policía la que recibe la información y la que manda las unidades en caso de recibir información”, dice Martínez. “No tiene nada qué ver con las Convivir: son ciudadanos que informan conductas sospechosas, pero no intervienen ni retienen a nadie”, agrega, frente a las críticas tempranas por el regreso de la figura.
Pero este no es el único frente que explora Rendón.
Esta semana volvió sobre el impuesto a la seguridad que fue enterrado en la Asamblea sin siquiera llegar a primer debate, en julio pasado. Entonces, un diputado de Creemos —movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, “Fico”, de quien es aliado el gobernador— emitió una ponencia negativa al proyecto y el sector productivo se opuso, lo que llevó al uribista a retirar la iniciativa.
Pero la chequera que hoy tiene el gobernador para gestionar la seguridad es escasa, dice el diputado Roldán, y eso explica porqué desde hace semanas se venía cocinando el relanzamiento del proyecto. La iniciativa busca cobrarles una tasa extra en la tarifa de energía a los estratos 4, 5 y 6, y a los comerciantes e industriales.
“Si no hay imaginación para obtener la plata que se necesita, nos lleva el diablo”, dice José Obdulio Gaviria, consejero de Rendón, sobre el impuesto en ciernes del que el círculo de “Fico” parece alejarse nuevamente. Gaviria explica que los $1,2 billones proyectados con el cobro de la tasa se invertirán en la mejora de vehículos, motocicletas y estaciones de policía; cámaras y drones; una central de seguridad para articular esa tecnología; y una nueva cárcel departamental.
“Los diputados, si están dentro de la democracia, van a mirar concienzudamente si aprueban o no estas cargas para la comunidad”, dice Gaviria. “Son cargas, sí, pero tienen como objetivo mejorarles la vida”.
El gobernador opositor puede hacer poco sin Petro
Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad en la Fundación Ideas para la Paz, reconoce los esfuerzos de Rendón, pero precisa que hay una “incongruencia entre la estrategia y el objetivo”. Es decir, aunque las apuestas del uribista son válidas, se quedan cortas para contener el fortalecimiento del Clan y de las otras estructuras que hoy operan en Antioquia.
“Las medidas que propone tienen un impacto en seguridad ciudadana, pero esto es un tema de seguridad pública y nacional”, dice Preciado. En esto coincide la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, para quien las medidas del uribista —del cual es crítica— responden más a contextos de inseguridad urbana, como el que atendió en Rionegro cuando fue alcalde (2015-2019 ), que a escenarios de tensión rurales.
“Hablamos de puntos alejadísimos, como la serranía de San Lucas y el Nudo de Paramillo. No se trata de poner una cámara en la esquina de un pueblo; se trata de alta tecnología militar”, dice Zuleta. Y aunque agrega que el uribista se insubordina a la política de seguridad del gobierno Petro, reconoce la necesidad de “tecnologías de radar y satelitales” para enfrentar las pujas del Clan, el ELN y las disidencias Farc en la región.
Otro experto en seguridad, que pide la reserva debido a que en su trabajo levanta testimonios de exmiembros de estos grupos, sostiene que justo en este punto Rendón podría mostrar mayor liderazgo y no solo un perfil opositor. “Tampoco es que la Fuerza Pública le copie mucho al ministro Velásquez y ahí el gobernador tendría un espacio. Si se gana a los generales, podría hacer más, pero eso puede generar tensiones”.
Aquí es donde la pelota queda más del campo del gobierno Petro que del uribista, y la senadora Zuleta lo reconoce. Aunque dice que el gobierno ha hecho presencia con consejos de seguridad en Antioquia y que de hecho levantó el primer cese al fuego con el Clan por el paro minero en el Bajo Cauca, concluye que “hay que hacer mayor inteligencia y contrainteligencia, porque el Ejército ha evadido la confrontación en algunos sectores”.
Esa mayor colaboración también le parece clave al representante uribista, John Jairo Berrío. El congresista reconoce que es poco lo que puede hacer Rendón sin la Nación, y de hecho matiza la lectura de que una mejor relación con el presidente podría resultar en más cooperación. “Es una falacia que, si la relación fuera más fluida, Petro estaría ayudando a contener el problema en Antioquia. Su política es de mano tendida en todo el país”, sentencia el representante.
Escrito por: Edinson Henao