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Prometiendo una “revolución del campo”, la llamada empresa agroindustrial Antioquia Siembra nació mediante la Ordenanza 27 de 2016 como uno de los proyectos más importantes de la Gobernación para este cuatrienio, buscando la promoción del desarrollo integral en las zonas rurales del departamento.

La iniciativa pretende fortalecer los cuatro pilares que se consideran fundamentales para el progreso de los productores agrícolas en Antioquia: asociatividad, transferencia de tecnología, pequeña transformación y comercialización asegurada.

Inicialmente la Gobernación puso $150.000 millones para el proyecto y esperaban llegar hasta $500.000 millones mediante vigencias futuras a través de una autorización de la Asamblea.

Actualmente, la bolsa de crédito para que accedan los campesinos mediante el fondo es de $487.500 millones.

Sin embargo, no son recursos reales que estén dispuestos para ello, sino un cupo de endeudamiento en el Banco Agrario para el acceso de los campesinos.

Así lo aseguró Luis Peláez, diputado de la Asamblea, quien además dijo que desde ese ente departamental se aprobó durante cada año un fondo de $10.000 millones para Antioquia Siembra, por lo cual, hasta ahora, son $30.000 millones que están en un fondo de garantías para respaldar la deuda con el Banco Agrario.

 

“Lo que se hace con eso es amparar un programa en el banco para abrir un cupo de deuda que permita a los campesinos ir a prestar, pero ese dinero no existe realmente”, sentenció el funcionario.

Además, señaló el programa como un fracaso debido a que no cumplió con las expectativas planteadas por el Gobernador desde un principio.

“A los campesinos se les iba a dar una contribución para proyectos productivos; hoy no existe eso”, dijo Peláez.

Y es que en el plan de desarrollo Piensa en Grande, se planteó una Empresa de Desarrollo Agropecuario, no una bolsa de créditos, que es lo que actualmente existe, según el diputado.

 
Molestia de productores

Para Pablo Betancourt, dueño de la empresa ‘La Leyenda Agrícola’, la decepción fue grande después de que durante un año estuvo gestionando un crédito y al final la respuesta fue negativa.

“Inicialmente nos dijeron que el fondo era para proyectos productivos grandes, fueran agroindustriales o agrícolas sin importar el monto, siempre y cuando se demostrara que funcionaran”, explicó el productor.

Su negocio cuenta con 8 empleados fijos y se desarrolla en una finca ubicada en la vereda La Quiebra del municipio de Santo Domingo. Con la inversión pretendía contratar el triple de trabajadores y construir más invernaderos para sus cosechas de tomate perla.

Solicitó $300 millones para invertir en su proyecto con miras a exportar, no obstante, recibió al final la noticia de que “el Banco Agrario solo nos otorgaba un crédito con un tope de hasta $35 millones”.

 

Una opinión parecida tiene Alejandro Vargas, gestor de proyectos en la región de Urabá, quien argumenta que “cuando uno se va al sector privado se puede sentar con bancos que ofrecen condiciones iguales o mejores”.

Y es que, según Vargas, los créditos a pequeños productores oscilan entre los $8 y los $10 millones. “Habría que preguntarle a la Gobernación de Antioquia si cree que créditos productivos de esa cuantía realmente van a tener un impacto en el desarrollo agropecuario y social que requieren las zonas rurales”, finalizó.

¿Qué dice el banco?

Jorge Mario Gómez Osorio, director de Asistencia Técnica del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), admitió que el año pasado la ley de garantías demoró el programa, pero ya está operando.

“Si nosotros no logramos que el pequeño productor crezca, que es la base de la cadena, no podemos fortalecer la estructura”, explicó Gómez.

 

Al ser consultado sobre los topes en los créditos, el director explicó cómo se establecen los montos. “El tope se fija desde el punto de vista de la capacidad crediticia del deudor. Hay una garantía complementaria, que es el respaldo del 20 % del crédito para el pequeño productor”.

Una fuente experta, que prefirió no revelar su identidad, advirtió sobre la dificultad de que “esa entidad coloque $487.500 millones en créditos cuando el histórico de colocaciones de Finagro con el Banco Agrario no pasa de $270.000 millones al año”.

Aunque la meta era impactar 100.000 hectáreas de tierra, en derecho de petición a este diario la Gobernación respondió que espera cumplir esa cifra este año, pero no precisa cuántas hectáreas han sido intervenidas hasta ahora.

A pesar de haber contactado telefónicamente con el Secretario de Agricultura de Antioquia, y de que él mismo pidiera que las preguntas le fueran enviadas por correo electrónico, no se obtuvo respuesta de su parte.

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La hoja de ruta planteada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre lo que iba a ser su mandato en este cuatrienio (2016-2019) fue, como él mismo la consideró, visionaria y transformadora del departamento.

 

Contemplar en el Plan de Desarrollo, entre otros, la pavimentación de 1.000 kilómetros de vías campesinas, la creación de una Universidad Digital con 5.000 cupos, revivir el ferrocarril, con un trazado entre Amagá y Barbosa y promover la industria agropecuaria antioqueña, fue parte de esa apuesta que él llamó de transformación para la región. keep reading

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Como inaceptable consideran el diputado Luis Peláez y el Representante a la Cámara Jorge Gómez, la solicitud de una intervención militar en las tres localidades con ancestralidad minera.

 

El pedido fue elevado en noviembre pasado por la multinacional Grand Colombia Gold al gobierno Nacional.

 

En una misiva dirigida por el CEO de la Gran Colombia Gold a las principales autoridades del país, la multinacional demanda acciones militares contra lo que denomina minería ilegal en los municipios mineros ubicados en los departamentos de Antioquia y Caldas. keep reading

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La multinacional minera Gran Colombia Gold, le envió una carta al presidente Iván Duque, al procurador y otras autoridadesnacionales, para solicitarse una intervención militar y policial urgente, ante la afectación por la minería ilegal en Marmato, Segovia y Remedios.

 

En la misiva la compañía dice que recurre a ellos “porque estamos sumamente preocupados y afectados por la situación que la minería ilegal ha generado en nuestras áreas mineras. Solicitamos nuevamente que el Gobierno tome medidas inmediatas antes de que las circunstancias se intensifiquen aún más”. keep reading

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La estatal Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) dio muchas vueltas para que le hicieran 26 millones de sellos antifraude para sus botellas de aguardiente: firmó un convenio de $7.000 millones con la Imprenta Nacional, que no era experta en el tema; esta contrató, a dedo, a una empresa privada, Accesos Holográficos, que aseguró haberlos mandado a fabricar en Suecia.

Sin embargo, ninguna de las tres empresas le mostró a EL COLOMBIANO copia de los registros de importación de las etiquetas que, en concepto de Rentas Departamentales, no cumplen con su propósito, porque se pueden quitar de los envases del licor lícito y luego se podrían poner en el “guaro” adulterado. keep reading

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El antioqueño Darío Montoya fue el gerente estrella del Sena durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y luego lideró lo que sería el proyecto educativo post-Uribe: la universidad Elite: Escuela latinoamericana de ingenieros, tecnólogos y empresarios. Un proyecto de educación superior, inspirado en las escuelas tecnológicas de Francia y que nació con el aporte del sector privado. 

Montoya dejó la dirección de Elite y regresó a Medellín donde ha estado promoviendo una mega universidad virtual para el departamento de Antioquia, como un proyecto de la gobernación de Luis Pérez. Montoya nunca ha ocupado cargos diplomáticos y remplazará a Alejandro Borda, embajador de carrera diplomática con más de 35 años de experiencia en la diplomacia colombiana. Su llegada coincide con la era Bolsonaro. keep reading
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Preocupados por las bajas ventas reportadas por la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que a la fecha estaban en $645.000 millones, de los $1,33 billones proyectados para 2018, los diputados de la Asamblea Departamental citaron ayer al gerente, Iván Correa Calderón, quien respondió las dudas y afirmó que cumplirán con lo pactado en la vigencia anual.

Fueron 14 los cuestionamientos enviados por la corporación, que teme por las transferencias que la FLA debe hacer al departamento y las cuales financian proyectos del Plan de Desarrollo Departamental (ver tabla de facturación histórica desde 2008).

Los datos recopilados por el Sistema de Información Integrado para el Departamento de Antioquia (SAP), evidencian que en 2017 se vendieron 60,51 millones de botellas —en la región, en el país y exportadas al exterior—, mientras que este año apenas van 19,36 millones de unidades.

En el mismo informe, presentado a la Asamblea por Correa Calderón, las transferencias para el departamento pasaron de $903.525 millones en 2017 a $224.767 millones hasta octubre de este año, que el gerente espera llevar en lo que queda de noviembre y diciembre a los $982.000 millones.

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Ni el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ni el gerente General de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Iván Correa Calderón, acataron de inmediato los llamados de alerta de la Secretaría de Hacienda sobre las eventuales violaciones de la licorera a las normas tributarias del país ni la denuncia de que la empresa entregaba licor a cuatro manos sin dejar registro del nombre de los beneficiarios.

En un paquete de documentos, conocidos por EL COLOMBIANO y cuya autenticidad fue confirmada, se lee, textualmente, que ni Pérez ni Correa mostraron “voluntad de solucionar los problemas estructurales” que les puso sobre el tapete Hacienda. keep reading

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En agosto y septiembre de 2016 la Secretaría de Hacienda le advirtió al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) los trueques de aguardiente y ron por servicios se estaban haciendo tan mal, que facilitaban la evasión de impuestos y podían llevar a que la Dian cerrara la licorera.

En diciembre de ese mismo año, tributaristas de Robledo & Asociados hicieron alertas similares al gerente General de la FLA, Iván Correa Calderón.


Esta empresa, que está subordinada a la Secretaría de Hacienda, produce al año 60 millones de botellas. Para estimular el consumo, puede regalar en degustaciones y usar para fines publicitarios hasta el 1% de la producción anual, o sea 600.000 unidades.


En análisis realizados en 2016 por Hacienda, se afirmó que en la FLA “las degustaciones no son facturadas en su totalidad”, violando el Estatuto Tributario. Las que sí facturaban, “se hacen sin el lleno de los requisitos legales que exigen las normas tributarias”, pues no se identificaba a quién se le entregaba la mercancía, “no se especifica el valor unitario ni total de los bienes y no se liquida el valor de la estampilla” a favor de la Universidad de Antioquia.


No facturar o hacerlo sin seguir los requisitos legales, “es un hecho sancionable que incluso puede llevar al cierre del establecimiento de comercio”, en esta caso, la FLA.


Hacienda agregó que “la cuenta de degustaciones y los impuestos asumidos no se registran contablemente a nivel de cada tercero”, lo que da sanción tributaria. De enero al 23 de agosto de 2016 la FLA asumió por este concepto $9.861 millones, “valor que para un control administrativo adecuado debería sumarse a los gastos de publicidad. A la fecha (23 de agosto), el número de botellas entregadas para degustación asciende a 1.359.986 botellas”.


En los eventos patrocinados por los comercializadores, Hacienda detectó que la FLA les entregaba un anticipo y al concluir el evento recibía una cuenta de cobro por la totalidad de los dineros invertidos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero sin discriminar el tributo.


Al decir de Hacienda, cuando el distribuidor no factura ni le cobra el IVA a la licorera, “le estamos facilitando que se pueda descontar estos IVAS en su declaración de IVA y deducir los gastos en su declaración de Renta. Adicionalmente, la FLA y el distribuidor pueden tener problemas fiscales, ya que a través de la información exógena la Dian va a detectar gastos e ingresos respectivamente sin IVA, exponiéndose a procesos de fiscalización”.


En septiembre de 2016, Hacienda le dijo al gobernador que sus alertas debían “ser atendidas en forma inmediata”, porque los incumplimientos podrían terminar en sanciones pecuniarias, penales y disciplinarias.

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