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La construcción del Parque Metropolitano del Valle de Aburrá, que está prevista en el lote Tulio Ospina, en Bello, sigue en el limbo. Todo, porque el terreno tiene un nudo jurídico que aún permanece sin ser desatado.


Uno de los procesos, tal vez el más importante, está en curso en el Juzgado Primero de Bello y no existe todavía claridad sobre cuándo será el fallo. Este involucra a la Gobernación de Antioquia y a los dueños del Parqueadero y Servicios Bellavista que litigan por la propiedad de un terreno de cuatro hectáreas, ubicado frente de la cárcel Bellavista, y que la Administración Departamental reclama como bien público.


El otro tiene que ver directamente con los ocupantes del parqueadero, que han sido objeto de siete operativos policivos de desalojo. Ante una de las mútiples tutelas interpuestas un Juez ordenó suspender dichas acciones de desahucio y pidió devolver el proceso para la presentación de pruebas.

Hasta que los ocupantes no salgan del lote no puede hacerse absolutamente nada en ese millón de metros cuadrados”, dijo Jaime Correa, subsecretario de Gobierno de Bello quien agregó que el Municipio tampoco puede entregar el total del terreno para que los dueños, Gobernación de Antioquia y Municipio de Medellín, dispongan de él y puedan empezar las obras del parque Metropolitano, si no se han resuelto esos líos jurídicos.


Alexander Martínez, abogado que representa a los propietarios del parqueadero, afirmó que al gobernador no le alcanzará el mandato para construir el proyecto. “Siendo sinceros este proceso puede demorarse mínimo dos años para tomar una decisión definitiva. Eso quiere decir que el Parque no lo podrá hacer el actual gobernador, a no ser que se siente a negociar con los copropietarios. Ellos siempre han estado dispuestos”, dijo.


Iván Zapata, copropietario del parqueadero, aseguró que el Estado los ha querido sacar como sea. “Con los operativos lo que buscan es desgastarnos, que la gente se vaya y les quede más fácil a ellos. Pero así nos saquen no van a poder hacer nada en el lote porque hay un proceso en curso y lo tienen que respetar”, precisó Zapata también denunció que las autoridades municipales y departamentales los han estigmatizado con el objetivo de quedarse con el terreno. “Si es de ellos que lo demuestren en los juzgados y nosotros nos vamos”, dijo.


Este proceso puede demorarse mínimo dos años para tomar una decisión. Eso quiere decir que el parque no lo podrá hacer el actual gobernador, a no ser que se siente a negociar con los propietarios

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Al visitar el terreno Tulio Ospina pueden observarse que hay algunas vacas pastando, animales que no pertenecen a alguna entidad pública. También salta a la vista una cantera particular construida al lado de un lago, en el corazón del lote. 

Según las condiciones de uso del suelo en ese espacio público no podría haber ningún tipo de actividad privada, y en caso de haberla las autoridades están llamadas a intervenir.


Los otros ocupantes

Desde 1974 el lote ha ido disminuyendo su extensión en varios sectores debido a la construcción de algunos proyectos. Los ocupantes que más terreno utilizaron fueron el Metro de Medellín y la Alcaldía de Bello. Entre ambos cuentan con unos 160.000 metros cuadrados que pertenecen al terreno inicial donado por la familia Ospina.


En 1978 Bello construyó, a un lado del río Aburrá, su polideportivo que sirvió como sede alterna de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron realizados en Medellín. 


Por su parte, en 1995 la Empresa Metro terminó la construcción de sus talleres, aledaños a los antiguos patios del Ferrocarril de Antioquia. “La construcción del Polideportivo y el Metro son cruces administrativos y siguen siendo bienes de uso público en este momento, como lo dicen las escrituras. Es como si el Estado pasara plata de un bolsillo al otro”, explicó el subsecretario de Gobierno de Bello.

Otra supuesta ocupación del lote la denunció el concejal de Medellín, Jaime Mejía Alvarán, quien dijo que al Municipio de Medellín le corresponde en un 50 por ciento la propiedad, pero evidenció una posible irregularidad en el cambio de linderos del lote Tulio Ospina que habría facilitado la construcción de una unidad residencial llamada La vida es bella.


“Siendo muy cauto me atrevo a decir que ese lote puede valer unos tres billones de pesos”, dijo el diputado Luis Peláez, del Polo Democrático, quien ha encontrado algunas irregularidades en el trámite del lote que, según las escrituras iniciales, realizadas en 1974 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), tenía 97,3 hectáreas.


Si a nosotros nos demuestran en derecho que el lote es de ellos no tenemos problema en irnos, pero lo que da rabia es que nos quieran negar el debido proceso

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“Si a nosotros nos demuestran en derecho que el lote es de ellos no tenemos problema en irnos, pero lo que da rabia es que nos quieran negar el debido proceso”, dijo con desazón Zapata, quien en compañía de otras tres personas posee el parqueadero que hasta 2012 tuvo registro de catastro y factura del impuesto predial.


¿Qué habrá en el parque metropolitano del Valle de Aburrá?

En las 56 hectáreas que tiene disponible el lote serán construidos varios proyectos complementarios al Parque Metropolitano de 300.000 metros cuadrados, que tendrá como principal atractivo el disfrute de la naturaleza. 


Quizás el más importante proyecto alterno al Parque sea un autódromo de unos 200.000 metros cuadrados en el que podrán practicarse deportes a motor de alto riesgo. Incluso, el gerente de Indeportes Antioquia, Germán Elejalde, ha planteado la posibilidad de traer competencias internacionales de automovilismo. 


Además, en ese espacio se ha planteado levanar una estación de policía y otra de bomberos que ocuparán unos 20.000 metros cuadrados. Además, por un lado del terreno pasará la vía regional que conectará a Medellín con el norte del valle de Aburrá.



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Con $4.200 millones se pueden entregar, gratis, 72 viviendas a familias pobres. De ese tamaño fue la bonificación que el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Iván Correa Calderón, les dio a tres de sus cinco distribuidores en Antioquia, en marzo de 2018. El premio lo concedió cuando las ventas estaban cayendo y a los beneficiarios no les puso ni una sola condición para recibirlo.

A Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, y jefe de Correa Calderón, EL COLOMBIANO le preguntó si sabía de ese hecho; si avaló la millonaria “boni”; si el incentivo respetó la libre competencia que, se supone, existe entre los distribuidores de la FLA, y si sigue su directriz: “los dineros públicos son sagrados”. keep reading

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Fortalecer programas de educación en política de Género o de Juventud o financiar el Plan de alimentación y transporte escolar en el departamento son las propuestas del diputado por el Polo Democrático, Luis Peláez, para invertir el dinero que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez planea disponer para la construcción de un autódromo.

Según Indeportes, el costo total del proyecto será de 119.000 millones de pesos de los que 40.000 ya fueron asignados a la institución encargada de su construcción.

De ese presupuesto ya fueron invertidos unos 3.000 millones en diseños y estudios técnicos.

 “La idea de construir un autódromo no es mala. El problema es que en el predio en el que quieren construirlo hay una discusión jurídica”, así explica Peláez el mayor lío que podría tener la construcción del parque a motor.

Problema que también afecta otro proyecto del mandatario departamental, el parque metropolitano o Central Park, como lo llama Pérez. Se trata de un espacio público ubicado en el lote Tulio Ospina del municipio de Bello que cuenta con unas 56 hectáreas para la construcción.

La idea de construir un autódromo no es mala. El problema es que en el predio en el que quieren construirlo hay una discusión jurídica

La discusión jurídica a la que hace referencia el diputado opositor es un litigio que un grupo de propietarios del Parqueadero y servicios Bellavista, ubicado en la zona del proyecto, tiene con la Administración Departamental por definir a quién pertenecen las cuatro hectáreas de tierra en las que funciona el parqueadero en el que trabajan unas 200 personas.

El mandatario antioqueño ha manifestado en repetidas ocasiones que el lote en cuestión pertenece a la gobernación y que los propietarios del parqueadero son invasores. Algo que los cuatro propietarios desmienten explicando que el terreno desde hace más de 25 años viene en un proceso de posesión.

El 4 de septiembre de 2013 el Tribunal Superior de Medellín expidió una sentencia en la que determinó que ninguna de las partes dio información suficiente que avale su supuesta pertenencia.

Luis Pérez quiere construir un autódromo por el simple hecho de dejar alguna obra y no por una necesidad, es simplemente por generar un ‘show’

Sin embargo, el gobernador ha declarado que el departamento ya tiene el 99 por ciento del lote Tulio Ospina.

“Luis Pérez quiere construir un autódromo por el simple hecho de dejar alguna obra y no por una necesidad, es simplemente por generar un ‘show’. Construir en un predio ajeno puede ser hasta peligroso para el mismo autódromo porque en un futuro puede haber alguna demanda que terminamos pagando todos por su afán”, argumentó Pelaéz, quien ha seguido de cerca el caso del parqueadero que está al frente de la cárcel Bellavista.

La gran duda que surge alrededor del parque a motor, y del parque metropolitano en general, es si las obras del proyecto, que ya tiene los diseños técnicos listos, podrá ser entregada por el gobernador al que le queda menos de un año de mandato.

Socializan el proyecto

Representantes de Automóvil Club de Colombia, FIA, los encargados de hacerlo. Complacido con el proyecto se manifiesta el máximo organismo del automovilismo mundial.

Por su parte, el diputado Peláez no cree que haya tiempo suficiente para que el gobernador pueda entregar terminado el autódromo. “El gobernador no va a terminar el proyecto porque le hacen falta muchos recursos. Los problemas jurídicos son bastantes, así que no le va a dar”, argumentó.

En la pasada asamblea de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), realizada la primera semana de diciembre, Alfredo Albornoz Guerrero y Ricardo Morales Rubio, gerente y presidente, respectivamente, de la organización Automóvil Club de Colombia asistieron como representantes del proyecto con el objetivo de socializar el plan de construcción del autódromo.

Los dirigentes buscaban así contactos para atraer posibles competencias de índole internacional y buscar que quieran realizar futuras carreras en Colombia.

Los representantes obtuvieron el respaldo de la comunidad internacional, además de recibir asesoría de la FIA en cuanto a aspectos técnicos y de seguridad para una pista que será única en el país.

EL TIEMPO intentó comunicarse con el gerente de Indeportes Antioquia, pero no fue posible obtener una respuesta de parte del encargado de la entidad sobre la realidad y la actualidad del proyecto del parque a motor.

Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com

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Prometiendo una “revolución del campo”, la llamada empresa agroindustrial Antioquia Siembra nació mediante la Ordenanza 27 de 2016 como uno de los proyectos más importantes de la Gobernación para este cuatrienio, buscando la promoción del desarrollo integral en las zonas rurales del departamento.

La iniciativa pretende fortalecer los cuatro pilares que se consideran fundamentales para el progreso de los productores agrícolas en Antioquia: asociatividad, transferencia de tecnología, pequeña transformación y comercialización asegurada.

Inicialmente la Gobernación puso $150.000 millones para el proyecto y esperaban llegar hasta $500.000 millones mediante vigencias futuras a través de una autorización de la Asamblea.

Actualmente, la bolsa de crédito para que accedan los campesinos mediante el fondo es de $487.500 millones.

Sin embargo, no son recursos reales que estén dispuestos para ello, sino un cupo de endeudamiento en el Banco Agrario para el acceso de los campesinos.

Así lo aseguró Luis Peláez, diputado de la Asamblea, quien además dijo que desde ese ente departamental se aprobó durante cada año un fondo de $10.000 millones para Antioquia Siembra, por lo cual, hasta ahora, son $30.000 millones que están en un fondo de garantías para respaldar la deuda con el Banco Agrario.

 

“Lo que se hace con eso es amparar un programa en el banco para abrir un cupo de deuda que permita a los campesinos ir a prestar, pero ese dinero no existe realmente”, sentenció el funcionario.

Además, señaló el programa como un fracaso debido a que no cumplió con las expectativas planteadas por el Gobernador desde un principio.

“A los campesinos se les iba a dar una contribución para proyectos productivos; hoy no existe eso”, dijo Peláez.

Y es que en el plan de desarrollo Piensa en Grande, se planteó una Empresa de Desarrollo Agropecuario, no una bolsa de créditos, que es lo que actualmente existe, según el diputado.

 
Molestia de productores

Para Pablo Betancourt, dueño de la empresa ‘La Leyenda Agrícola’, la decepción fue grande después de que durante un año estuvo gestionando un crédito y al final la respuesta fue negativa.

“Inicialmente nos dijeron que el fondo era para proyectos productivos grandes, fueran agroindustriales o agrícolas sin importar el monto, siempre y cuando se demostrara que funcionaran”, explicó el productor.

Su negocio cuenta con 8 empleados fijos y se desarrolla en una finca ubicada en la vereda La Quiebra del municipio de Santo Domingo. Con la inversión pretendía contratar el triple de trabajadores y construir más invernaderos para sus cosechas de tomate perla.

Solicitó $300 millones para invertir en su proyecto con miras a exportar, no obstante, recibió al final la noticia de que “el Banco Agrario solo nos otorgaba un crédito con un tope de hasta $35 millones”.

 

Una opinión parecida tiene Alejandro Vargas, gestor de proyectos en la región de Urabá, quien argumenta que “cuando uno se va al sector privado se puede sentar con bancos que ofrecen condiciones iguales o mejores”.

Y es que, según Vargas, los créditos a pequeños productores oscilan entre los $8 y los $10 millones. “Habría que preguntarle a la Gobernación de Antioquia si cree que créditos productivos de esa cuantía realmente van a tener un impacto en el desarrollo agropecuario y social que requieren las zonas rurales”, finalizó.

¿Qué dice el banco?

Jorge Mario Gómez Osorio, director de Asistencia Técnica del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), admitió que el año pasado la ley de garantías demoró el programa, pero ya está operando.

“Si nosotros no logramos que el pequeño productor crezca, que es la base de la cadena, no podemos fortalecer la estructura”, explicó Gómez.

 

Al ser consultado sobre los topes en los créditos, el director explicó cómo se establecen los montos. “El tope se fija desde el punto de vista de la capacidad crediticia del deudor. Hay una garantía complementaria, que es el respaldo del 20 % del crédito para el pequeño productor”.

Una fuente experta, que prefirió no revelar su identidad, advirtió sobre la dificultad de que “esa entidad coloque $487.500 millones en créditos cuando el histórico de colocaciones de Finagro con el Banco Agrario no pasa de $270.000 millones al año”.

Aunque la meta era impactar 100.000 hectáreas de tierra, en derecho de petición a este diario la Gobernación respondió que espera cumplir esa cifra este año, pero no precisa cuántas hectáreas han sido intervenidas hasta ahora.

A pesar de haber contactado telefónicamente con el Secretario de Agricultura de Antioquia, y de que él mismo pidiera que las preguntas le fueran enviadas por correo electrónico, no se obtuvo respuesta de su parte.

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La hoja de ruta planteada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre lo que iba a ser su mandato en este cuatrienio (2016-2019) fue, como él mismo la consideró, visionaria y transformadora del departamento.

 

Contemplar en el Plan de Desarrollo, entre otros, la pavimentación de 1.000 kilómetros de vías campesinas, la creación de una Universidad Digital con 5.000 cupos, revivir el ferrocarril, con un trazado entre Amagá y Barbosa y promover la industria agropecuaria antioqueña, fue parte de esa apuesta que él llamó de transformación para la región. keep reading

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Como inaceptable consideran el diputado Luis Peláez y el Representante a la Cámara Jorge Gómez, la solicitud de una intervención militar en las tres localidades con ancestralidad minera.

 

El pedido fue elevado en noviembre pasado por la multinacional Grand Colombia Gold al gobierno Nacional.

 

En una misiva dirigida por el CEO de la Gran Colombia Gold a las principales autoridades del país, la multinacional demanda acciones militares contra lo que denomina minería ilegal en los municipios mineros ubicados en los departamentos de Antioquia y Caldas. keep reading

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La multinacional minera Gran Colombia Gold, le envió una carta al presidente Iván Duque, al procurador y otras autoridadesnacionales, para solicitarse una intervención militar y policial urgente, ante la afectación por la minería ilegal en Marmato, Segovia y Remedios.

 

En la misiva la compañía dice que recurre a ellos “porque estamos sumamente preocupados y afectados por la situación que la minería ilegal ha generado en nuestras áreas mineras. Solicitamos nuevamente que el Gobierno tome medidas inmediatas antes de que las circunstancias se intensifiquen aún más”. keep reading

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La estatal Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) dio muchas vueltas para que le hicieran 26 millones de sellos antifraude para sus botellas de aguardiente: firmó un convenio de $7.000 millones con la Imprenta Nacional, que no era experta en el tema; esta contrató, a dedo, a una empresa privada, Accesos Holográficos, que aseguró haberlos mandado a fabricar en Suecia.

Sin embargo, ninguna de las tres empresas le mostró a EL COLOMBIANO copia de los registros de importación de las etiquetas que, en concepto de Rentas Departamentales, no cumplen con su propósito, porque se pueden quitar de los envases del licor lícito y luego se podrían poner en el “guaro” adulterado. keep reading

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El antioqueño Darío Montoya fue el gerente estrella del Sena durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe y luego lideró lo que sería el proyecto educativo post-Uribe: la universidad Elite: Escuela latinoamericana de ingenieros, tecnólogos y empresarios. Un proyecto de educación superior, inspirado en las escuelas tecnológicas de Francia y que nació con el aporte del sector privado. 

Montoya dejó la dirección de Elite y regresó a Medellín donde ha estado promoviendo una mega universidad virtual para el departamento de Antioquia, como un proyecto de la gobernación de Luis Pérez. Montoya nunca ha ocupado cargos diplomáticos y remplazará a Alejandro Borda, embajador de carrera diplomática con más de 35 años de experiencia en la diplomacia colombiana. Su llegada coincide con la era Bolsonaro. keep reading
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