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El Juzgado Noveno Penal Municipal de Medellín ordenó suspender el desalojo de los reclamantes del lote del parqueadero Bellavista,  que el miércoles pasado fueron sacados a la fuerza del lugar, contemplado en los planos del futuro Central Park. La decisión cobijó a 80 personas, que en el transcurso de este viernes interpusieron una nueva acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos.

La medida señala al director de Bienes del Departamento de desconocer las medidas de un juzgado que ya había ordenado suspender el desalojo desde finales del año pasado. Esta orden se suma a otra medida cautelar que cinco manifestantes habían obtenido en la noche del pasado miércoles. keep reading

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Se trata del parqueadero donde la Gobernación de Antioquia pretendía construir el denominado Central Park.

Los afectados con el desalojo hecho desde hace más de 6 meses, retomaron la posesión desde este martes 23 de abril.

La Inspección Municipal de Bello acató la orden judicial proferida por el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y emitió Resolución restitutiva del Parqueadero y Servicios Bellavista. En la decisión se permite el ingreso a este inmueble de los afectados, quienes durante más de dos años fueron sujetos de inconsistencias jurídicas y atropellos judiciales.
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Aunque en octubre de 2016, en este mismo diario, se anunciaba que en el primer trimestre de 2017 entraría en funcionamiento el nuevo hospital de Caucasia, dos años y medio después la infraestructura sigue cerrada y con una promesa de entrega para el próximo 17 de mayo.

Este último anuncio fue hecho por la Gobernación de Antioquia y su secretario de Salud, Carlos Mario Montoya, el pasado nueve de abril.

Ese día, el funcionario declaró que el Ministerio de Salud se había comprometido a aportar $8 mil millones para la dotación del centro médico, que es en realidad la nueva sede del viejo hospital César Uribe Piedrahíta (CUP), que trasladará allí todos sus servicios para atender con más comodidad a los pacientes y usuarios y para cubrir una población mucho mayor que la actual.

Pero si bien ayer, en diálogo con este diario, Montoya ratificó la entrega del hospital para la fecha anunciada, aclaró que este aún carece de la dotación para operar, lo que significa que aún los caucasianos no podrán acudir a él para recibir atención.

“Lo que como Gobernación vamos a entregar es la infraestructura y el equipamiento, pero el hospital todavía no queda funcionando porque el proceso de dotación puede demorar unos seis meses más y se entregaría a plenitud al final de este año”, precisó.

Montoya detalló, incluso, que el anunció del ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, de girar los $8.000 millones ya pasó a los hechos con la entrega de la certificación del aporte, lo que permitirá adelantar el proceso de contratación lo más pronto posible y cumplir así con las tareas de dotación.

¿Avance de obras?

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Pasando presuntamente por encima de los estatutos de la entidad, un gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) de la anterior administración departamental, modificó en 2015 los requisitos para ocupar ese cargo. Los relajó de tal manera, que no se requiere de experiencia en materia financiera para dirigir el banco que controla a la sociedad Hidroituango, dueña del mayor proyecto de generación de energía eléctrica que se construye en Colombia.

Lo curioso de la historia, apenas develada por EL COLOMBIANO, es que el entonces gerente del Idea, Alejandro Granda Zapata, en uso de facultades que le dio la Junta Directiva, se habría amparado en un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública que estaba derogado.

Después de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), el Idea es la entidad más apetecida de la Gobernación de Antioquia. Fue creado en 1964, mediante ordenanza de la Asamblea de Antioquia, para fomentar el desarrollo económico y social de los municipios de esta sección del país. Lo anterior, sumado a su poder para otorgar créditos y cofinanciar programas, lo hace muy atractivo para políticos que ven el Instituto como un trampolín para llegar al Congreso y al mismo gobierno seccional.

De su poder económico hablan bien su presupuesto de ingresos, superior a los $200.000 millones anuales; los activos de $1,7 billones y sus inversiones en empresas como Hidroituango, Gen+, la Fiduciaria Central y Rentan de Antioquia.

Quien ocupa el cargo de gobernador de Antioquia es quien ejerce el poder legal de nombrar al gerente General del Idea y a su Junta Directiva. De hecho, el mandatario seccional integra ese órgano de dirección, en compañía de su secretario de Hacienda, y designa a tres miembros particulares.

¿Si el Idea es un banco de fomento, qué perfil debería tener el gerente General?

Aquí es donde la historia empieza a enredarse, por una contradicción que actualmente existe entre una resolución de un gerente General que cambió los requisitos y las exigencias que para este mismo cargo plantean los estatutos vigentes del Idea.

John Fredy Toro González, secretario General del Idea, EL COLOMBIANO le solicitó una copia de los estatutos del Instituto. El artículo décimo quinto, del documento remitido por el exnotario y exconcejal de Medellín, señala que para ser gerente General del Idea se requiere: “ser ciudadano colombiano en ejercicio, tener título universitario y acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en cargos de dirección en materia administrativa y financiera”.

El énfasis en materias administrativas y financieras obedece al carácter mismo de banco que tiene el Idea y se corrobora en sus 21 funciones. Entre ellas se destacan: conceder créditos y microcréditos con intereses y con garantía. Hacer operaciones de manejo de deuda pública. Obtener empréstitos, emitiendo bonos. Emitir valores y garantizarlos con miras a su enajenación. Administrar eventualmente obras o empresas. Recibir y administrar dineros que a cualquier título provengan de entidades públicas. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad. Y, entre muchas otras, asesorar a los entes territoriales y entidades descentralizadas en los proyectos de inversión financiados con recursos del Idea.

Todo esto consta en la última reforma que se les hizo a los estatutos del Idea. La resolución respectiva es la número 006, está fechada 3 de junio de 2014 y lleva la firma del presidente de la Junta y gobernador de Antioquia de la época, Sergio Fajardo Valderrama.

¿Y la actual gerente General del Idea, Liz Margaret Álvarez Calderón, cumple ese perfil que establecen los estatutos del Idea, especialmente en materia financiera?

Tras la renuncia a ese cargo de Mauricio Tobón Franco, para aspirar a la Gobernación de Antioquia, Álvarez Calderón fue nombrada gerente (e) y el 29 de enero de 2019 asumió en propiedad la gerencia.

“Asumo con responsabilidad y compromiso el reto que me encomienda el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez para que el Idea siga consolidándose como el banco aliado de los municipios antioqueños y como un actor fundamental en el fomento del desarrollo económico, social y cultural de nuestra región”, expresó la funcionaria en su posesión.

Al consultarle si ella cumple con los requisitos, la directiva no se amparó en lo consagrado en los estatutos, sino en una resolución del año 2015, firmada por el entonces gerente General del Idea, Alejandro Granda Zapata.

¿Un gerente General modificó los requisitos que para ese cargo establecen los estatutos del Idea, usurpando presuntamente las funciones que en tal materia tiene la Junta?

En la reforma firmada en 2014 por Fajardo como gobernador y presidente de la Junta del Idea, el gerente General del Instituto debe tener título universitario y mínimo cinco años de experiencia en cargos de dirección en materia administrativa y financiera.

En la resolución firmada por Granda, el gerente General del Idea debe tener título profesional en Administración, Economía, Derecho y afines, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería industrial y afines, Contaduría pública, ingeniería civil y afines y arquitectura; tener una especialización y 36 meses de experiencia profesional. Si carece de esa especialización, tiene que acreditar 60 meses de experiencia profesional.

Según la actual gerente del Idea, esa resolución de Granda se expidió con base en facultades que le dio la Junta. Adicionalmente, se sustentó en el Decreto 2484 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que obligaba a las entidades públicas a ajustar los manuales de funciones y competencias laborales a las disciplinas académicas que se exigen para el desempeño de los diversos empleos públicos.

La actual gerente afirmó que este último acto administrativo “se presume legal y por tanto se tiene que observar mientras no sea anulado o suspendido por un juez”.

“No tengo idea si firmé una resolución de ese estilo, cambiando requisitos”, anotó Alejandro Granda Zapata, quien agregó que la intención de la resolución era “coger diversas carreras y homologarlas con un brazo común”. Es decir, se procuraba unificar profesiones que eran lo mismo, pero que se llamaban distinto. El exdirectivo enfatizó en que no se trataba de cambiar requisitos, “pero si así quedó, lo reviso”.

Esa resolución gerencial de 2015 tiene otros inconvenientes. Primero, por mandato de los estatutos, la Junta Directiva del Idea es la única competente para “crear, suprimir y modificar cargos, con sujeción a las normas legales y señalarles funciones”. Así lo ordena el artículo décimo tercero.

Segundo, la resolución gerencial modificaba de hecho los estatutos, pero ese cambio de requisitos para el gerente General no se tradujo en una reforma estatutaria, tal como puede apreciarse en las normas hoy vigentes.

Y tercero, la resolución gerencial del 2015 se amparó en el Decreto 2484 de 2014, el cual había sido derogado al momento de hacer la modificación del perfil del gerente del Idea.

Estas inquietudes le fueron transmitidas a la actual gerente General del Idea, quien dijo que se las pasaría a su equipo jurídico. Al cierre del informe no llegaron sus comentarios.

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El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el precandidato a la gobernación, Mauricio Tobón, fueron objeto de acusaciones de corrupción por parte de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación.

El señalamiento fue revelado por Ariel Ávila, subdirector de la fundación, en su columna de la revista Semana. Según afirma Ávila, tendría evidencia suficiente para probar que tanto Pérez como Tobón habrían usado la sociedad de economía mixta Valor + para beneficiar a privados aliados de la administración gubernamental. keep reading

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