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Pasando presuntamente por encima de los estatutos de la entidad, un gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) de la anterior administración departamental, modificó en 2015 los requisitos para ocupar ese cargo. Los relajó de tal manera, que no se requiere de experiencia en materia financiera para dirigir el banco que controla a la sociedad Hidroituango, dueña del mayor proyecto de generación de energía eléctrica que se construye en Colombia.

Lo curioso de la historia, apenas develada por EL COLOMBIANO, es que el entonces gerente del Idea, Alejandro Granda Zapata, en uso de facultades que le dio la Junta Directiva, se habría amparado en un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública que estaba derogado.

Después de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), el Idea es la entidad más apetecida de la Gobernación de Antioquia. Fue creado en 1964, mediante ordenanza de la Asamblea de Antioquia, para fomentar el desarrollo económico y social de los municipios de esta sección del país. Lo anterior, sumado a su poder para otorgar créditos y cofinanciar programas, lo hace muy atractivo para políticos que ven el Instituto como un trampolín para llegar al Congreso y al mismo gobierno seccional.

De su poder económico hablan bien su presupuesto de ingresos, superior a los $200.000 millones anuales; los activos de $1,7 billones y sus inversiones en empresas como Hidroituango, Gen+, la Fiduciaria Central y Rentan de Antioquia.

Quien ocupa el cargo de gobernador de Antioquia es quien ejerce el poder legal de nombrar al gerente General del Idea y a su Junta Directiva. De hecho, el mandatario seccional integra ese órgano de dirección, en compañía de su secretario de Hacienda, y designa a tres miembros particulares.

¿Si el Idea es un banco de fomento, qué perfil debería tener el gerente General?

Aquí es donde la historia empieza a enredarse, por una contradicción que actualmente existe entre una resolución de un gerente General que cambió los requisitos y las exigencias que para este mismo cargo plantean los estatutos vigentes del Idea.

John Fredy Toro González, secretario General del Idea, EL COLOMBIANO le solicitó una copia de los estatutos del Instituto. El artículo décimo quinto, del documento remitido por el exnotario y exconcejal de Medellín, señala que para ser gerente General del Idea se requiere: “ser ciudadano colombiano en ejercicio, tener título universitario y acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en cargos de dirección en materia administrativa y financiera”.

El énfasis en materias administrativas y financieras obedece al carácter mismo de banco que tiene el Idea y se corrobora en sus 21 funciones. Entre ellas se destacan: conceder créditos y microcréditos con intereses y con garantía. Hacer operaciones de manejo de deuda pública. Obtener empréstitos, emitiendo bonos. Emitir valores y garantizarlos con miras a su enajenación. Administrar eventualmente obras o empresas. Recibir y administrar dineros que a cualquier título provengan de entidades públicas. Invertir los excedentes de tesorería con fines de rentabilidad. Y, entre muchas otras, asesorar a los entes territoriales y entidades descentralizadas en los proyectos de inversión financiados con recursos del Idea.

Todo esto consta en la última reforma que se les hizo a los estatutos del Idea. La resolución respectiva es la número 006, está fechada 3 de junio de 2014 y lleva la firma del presidente de la Junta y gobernador de Antioquia de la época, Sergio Fajardo Valderrama.

¿Y la actual gerente General del Idea, Liz Margaret Álvarez Calderón, cumple ese perfil que establecen los estatutos del Idea, especialmente en materia financiera?

Tras la renuncia a ese cargo de Mauricio Tobón Franco, para aspirar a la Gobernación de Antioquia, Álvarez Calderón fue nombrada gerente (e) y el 29 de enero de 2019 asumió en propiedad la gerencia.

“Asumo con responsabilidad y compromiso el reto que me encomienda el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez para que el Idea siga consolidándose como el banco aliado de los municipios antioqueños y como un actor fundamental en el fomento del desarrollo económico, social y cultural de nuestra región”, expresó la funcionaria en su posesión.

Al consultarle si ella cumple con los requisitos, la directiva no se amparó en lo consagrado en los estatutos, sino en una resolución del año 2015, firmada por el entonces gerente General del Idea, Alejandro Granda Zapata.

¿Un gerente General modificó los requisitos que para ese cargo establecen los estatutos del Idea, usurpando presuntamente las funciones que en tal materia tiene la Junta?

En la reforma firmada en 2014 por Fajardo como gobernador y presidente de la Junta del Idea, el gerente General del Instituto debe tener título universitario y mínimo cinco años de experiencia en cargos de dirección en materia administrativa y financiera.

En la resolución firmada por Granda, el gerente General del Idea debe tener título profesional en Administración, Economía, Derecho y afines, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería industrial y afines, Contaduría pública, ingeniería civil y afines y arquitectura; tener una especialización y 36 meses de experiencia profesional. Si carece de esa especialización, tiene que acreditar 60 meses de experiencia profesional.

Según la actual gerente del Idea, esa resolución de Granda se expidió con base en facultades que le dio la Junta. Adicionalmente, se sustentó en el Decreto 2484 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que obligaba a las entidades públicas a ajustar los manuales de funciones y competencias laborales a las disciplinas académicas que se exigen para el desempeño de los diversos empleos públicos.

La actual gerente afirmó que este último acto administrativo “se presume legal y por tanto se tiene que observar mientras no sea anulado o suspendido por un juez”.

“No tengo idea si firmé una resolución de ese estilo, cambiando requisitos”, anotó Alejandro Granda Zapata, quien agregó que la intención de la resolución era “coger diversas carreras y homologarlas con un brazo común”. Es decir, se procuraba unificar profesiones que eran lo mismo, pero que se llamaban distinto. El exdirectivo enfatizó en que no se trataba de cambiar requisitos, “pero si así quedó, lo reviso”.

Esa resolución gerencial de 2015 tiene otros inconvenientes. Primero, por mandato de los estatutos, la Junta Directiva del Idea es la única competente para “crear, suprimir y modificar cargos, con sujeción a las normas legales y señalarles funciones”. Así lo ordena el artículo décimo tercero.

Segundo, la resolución gerencial modificaba de hecho los estatutos, pero ese cambio de requisitos para el gerente General no se tradujo en una reforma estatutaria, tal como puede apreciarse en las normas hoy vigentes.

Y tercero, la resolución gerencial del 2015 se amparó en el Decreto 2484 de 2014, el cual había sido derogado al momento de hacer la modificación del perfil del gerente del Idea.

Estas inquietudes le fueron transmitidas a la actual gerente General del Idea, quien dijo que se las pasaría a su equipo jurídico. Al cierre del informe no llegaron sus comentarios.

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Por iniciativa de Luz María Múnera Medina, Concejal por el Polo Democrático Alternativo y Vicepresidenta Primera de la Corporación, el Concejo de Medellín hará Debate de Control Político al proyecto Hidroituango MAÑANA martes 24 de julio a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m.)

La Invitación es abierta a toda la Ciudadanía Defensora del Patrimonio Público y de los Derechos de las Comunidades impactadas por esta obra de “Progreso y Desarrollo”, para que asistan y participen.
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Otra vez la panela se ve enfrentada a precios de ruina por las masivas importaciones de azúcar y derivados del maíz subsidiado. Según datos de ASOCAÑA en cuanto al consumo nacional aparente, es decir, las ventas de los ingenios colombianos, más las importaciones, que en el año 2017 llegaron a 200 mil toneladas en el marco de los TLCs firmados, se estima que el consumo llegue a 1,65 millones de toneladas. Ese mismo año la producción de azúcar nacional se proyectó en 2.2 toneladas; cada año sobran unas 800 mil toneladas de azúcar y 300 mil de panela, las cuales hay que conseguirles mercado en el exterior.
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Al margen de los pedidos sectoriales y las preocupaciones sobre la marcha de la economía que tiene el empresariado para plantear al nuevo Gobierno, el Consejo Gremial Nacional, la máxima instancia de los gremios de la producción, estructura una propuesta que, a su juicio, mejoraría la situación macroeconómica y fiscal del país pero que, seguramente, ‘levantará ampolla’ y abrirá un intenso debate. Se trata de la enajenación de la participación de la Nación en Ecopetrol que hoy es del 88,49%. keep reading

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Los esfuerzos no han menguado la crisis. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC) sigue en cuidados intensivos y sus directivas lanzaron un fuerte y único clamor: que la Gobernación de Antioquia, su dueña, le dé prioridad en la destinación de recursos, pues el apoyo ha sido insuficiente.

Y es que si bien en tres años el déficit financiero en la institución de educación superior se ha reducido en $12.486 millones, hoy el saldo negativo está en $7.500 millones y si no se toman medidas urgentes podría volver a crecer (ver gráfico).
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Este miércoles del POLO tendrá al Diputado Luis Peláez, dando a conocer el contenido del Decreto 1500 de 2007 y de la resolución 1232 del 2016, normas que podrían llevar a la mayoría de los productores y comercializadores del sector cárnico a la quiebra y que, además, perjudican a la pequeña producción campesina de res, cerdo y pollo.

Las medidas son impuestas por la Organización Mundial del Comercio y hacen parte de las exigencias de los tratados de libre comercio, pero el Gobierno Colombiano las presenta con el antifaz de que se adoptan en defensa de la salud.

Sin embargo, como lo demostrará el Diputado polista, la regulación tiene la finalidad de quebrar las plantas de sacrificio o mataderos municipales para abrirle el mercado a grandes frigoríficos y empresas extranjeras. En la exposición lo acompañará José Gonzalo Marín Arrubla, líder del sector.

El encuentro se llevará a cabo en nuestra sede de la calle 54 # 42-57 piso 3, a las 6:30 p.m. y será transmitido en directo por los Facebook Live de Jorge Gómez y Luis Peláez

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El diputado del Polo, Luis Peláez y el representante electo a la Cámara, Jorge Gómez, respaldan el sector cárnico y ganadero contra el decreto 1500 de 2007 y la resolución 1232 del 2016 que podría llevarlos a la quiebra. El decreto impone condiciones que son imposibles de cumplir para los mataderos nacionales y todo el sector. “Las peticiones del Ministerio de la Protección Social parecen pensados para Dinamarca en vez de Cundinamarca” afirmó el corporado de oposición. keep reading

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